El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) ha reprobado a España por actuar de manera negligente en la protección de una víctima de violencia machista, y de su hija, de 7 años, asesinada por el padre en 2003 en una visita sin supervisión. La organización Women's Link Worldwide informó ayer sobre este caso ya que presentó una demanda en septiembre de 2012 ante Naciones Unidas en nombre de Ángela González, madre de la menor, quien pleiteó más de diez años en varios tribunales sin éxito.
González había denunciado en más de treinta ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían y solicitado medidas de protección para ambas, aunque la menor fue asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor, según señaló la ONG.
En la resolución, el Comité explica que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la hija de Ángela por el maltratador y reprueba al Estado por no haber protegido ni a ella ni a su hija, no castigar al agresor y no investigar ni indemnizar a la mujer por los daños causados. Además, insta a España, entre otras cosas, a otorgar a la mujer una "reparación adecuada" y "una indemnización integral y proporcional" a la gravedad de los hechos, así como a llevar a cabo una investigación "exhaustiva" con el fin de determinar qué falló.
Para evitar la repetición de situaciones similares, la ONU pide que España tome las medidas "adecuadas y efectivas" para que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta al momento de estipular los derechos de custodia, de modo que no se ponga en peligro la seguridad de las víctimas, incluidos los hijos.
"Esperamos que el Estado vea esta condena como una oportunidad para sentarse a la mesa a debatir qué es lo que falló en el caso de Ángela, qué es lo que está fallando en la actualidad y a debatir cómo se implementan de manera efectiva y se dotan de contenido las recomendaciones del Comité al Estado", subrayó ayer Paloma Soria, abogada de la ONG demandante.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad reiteró ayer que entre sus prioridades se encuentra la protección de los menores en casos de violencia de género y que España, "tal y como reconocen los organismos internacionales", es "un país puntero" en la legislación y sensibilización contra esta lacra.
En un comunicado, resalta que la ONU valoró todos los avances que ha hecho España en los últimos años para combatir la violencia de género y así lo puso de manifiesto durante la comisión que celebró el pasado marzo en Nueva York, a la que asistió la ministra de Sanidad, Ana Mato, en representación de España. Con el fin de mejorar esta protección, Sanidad ha recordado que va a modificar el artículo 1 de la ley de integral contra la violencia de género para que los menores sean víctimas directas de esta lacra y puedan quedar amparados por los preceptos de dicha norma.
La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Ángeles Carmona, insistió en que este suceso ocurrió en 2003, antes de que se aprobara la ley integral y que desde entonces "se han adoptado todas las medidas oportunas" para que los menores que están expuestos a la violencia queden "total y absolutamente protegidos". "Estamos dando pasos adelante para que nunca más ocurran estas disfunciones", señaló Carmona, quien reconoce que asegurar que un caso como éste no vuelva a ocurrir "es una quimera" pero insistió en que España tiene "la legislación más avanzada que existe". Carmona considera que el esfuerzo y el "periplo judicial" de la mujer no fue "en vano" ya que tiene que servir para animar a los agentes implicados en la lucha contra los malos tratos.
