Antes de la crisis económica, la pobreza se definía básicamente en función del empleo. Quien no tenía trabajo ni sueldo era pobre. Quien sí lo tenía, se libraba de serlo. Hoy en día hay ciudadanos con empleo pero que no llegan a fin de mes. Cobran una renta, pero viven en el alambre, con ingresos precarios. Están integrados, pero al mismo tiempo con un pie en la exclusión. Un gasto imprevisto los llevaría, irremediablemente, al otro lado, ese en el que nadie quiere estar.
En España hay seis millones de personas en estas circunstancias (el 13% de la población), según se desprende del octavo Informe sobre Exclusión Social y Pobreza de la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) „vinculada a Cáritas Española„, presentado esta misma semana. Se suman a los 8,6 millones de individuos ya excluidos „representan el el 18,4% del total de la población„. La vivienda es el factor que provoca mayor exclusión social, por encima del paro. Un ciudadano con nómina puede cambiar de estatus social de un día para otro con una simple actualización del alquiler.
"Esos seis millones al filo de la navaja entran y salen de sus puestos de trabajo y podrían caer en ese espacio de exclusión", advierte el coordinador del documento, Guillermo Fernández. "No hablamos en realidad de la miseria de la gente que duerme en un banco de la calle. Puede ser una persona mayor que se rompe una pierna, un hogar con cuatro niños sin un deterioro humano pero sí dependiente de un empleo precario que les impide hace frente a una hipoteca, cuatro jóvenes a los que suben el alquiler del piso o un trabajador que tiene que hacer frente a una emergencia bucodental. Situaciones variadas que empujan al espacio de la exclusión social. Los tenemos cerca", subraya.
Entre las conclusiones del informe de la Fundación Foessa, una especialmente alarmante: la exclusión social se enquista entre los jóvenes y las familias con niños. La economía española se recupera de la crisis, pero no todos los bolsillos lo notan. Las dificultades se ceban con quienes tienen de 18 a 24 años. Su tasa de exclusión social alcanzó el 22,6% el año pasado, frente al 14,2% de 2007. Por contra, la cifra se redujo entre los mayores de 65: pasó del 18,4% de hace doce años, al 11,4% de 2018. Si bien los jóvenes han superado el peor bache de la crisis, alcanzado en 2013, cuando la tasa de exclusión se disparó hasta el 31,3%, los datos siguen alarmando a los investigadores. "Muchos niños, niñas y jóvenes, aunque se esfuercen, no van a tener opción de conseguir empleo o una vivienda digna", avisa el secretario técnico de Foessa y uno de los autores del estudio, Raúl Flores.
El octavo Informe sobre Exclusión Social y Pobreza de la Fundación Foessa fue realizado por 125 investigadores de una treintena de universidades españolas, a partir de información recabada encuestando a 29.000 personas en unos 11.600 hogares. La Fundación Foessa mide hasta 35 indicadores para determinar la exclusión social. Siguiendo estos criterios, "las generaciones de mayor edad, con empleos más estables, vivienda en propiedad y con acceso a pensiones por jubilación presentan niveles de integración superiores", se expone en el documento. Al acceso desigual al mercado laboral y de la vivienda, se suma la ineficiencia de las políticas sociales. Las transferencias palían en mayor medida la pobreza de los mayores de 65 años (85% de reducción) y tienen un impacto reducido en la población joven (un 31% de 30 a 44 años y un 21% en menores de 30), según el estudio.
El documento insiste en la pérdida que la desigualdad genera en la actual democracia, con duras críticas a los políticos y a las formaciones populistas de talante xenófobo y excluyente. "La desigualdad crece y cada vez son más las personas que lo padecen sin que las políticas sociales (que sufrieron los recortes de la Gran Recesión) terminen de dar resultados", señala. ¿Qué hace la ciudadanía ante esta situación? Sigue apoyando el Estado de bienestar como mecanismo de protección social. Más que antes, se pide al Estado que "intervenga para conseguir una sociedad más igualitaria, para garantizar el derecho a la salud o a la educación" y para protegernos de la pérdida de ingresos derivada de situaciones de vejez, enfermedad o desempleo.
