Microcréditos a interés cero, ayudas a inquilinos en situación de vulnerabilidad para un máximo de seis mensualidades, prórroga de seis meses en los contratos que finalicen durante el estado de alarma „ampliado hasta el 9 de mayo„, suspensión de los desahucios hasta final de año y quitas del 50% o la reestructuración de la deuda en tres años por parte de grandes tenedores de vivienda „con más de diez„ Son las medidas anunciadas hace tres semanas por el Gobierno para salvar a las familias en régimen de alquiler y que en Galicia, según estimaciones de la Xunta, entre 50.000 y 70.000 familias necesitan ayudas para hacer frente al pago de la vivienda. La patronal inmobiliaria gallega eleva a 60.000 y 90.000 los potenciales beneficiarios en la comunidad, es decir, en torno a la mitad de los casi 145.000 hogares gallegos que viven en alquiler.
Pero la Xunta ya ha cargado contra el Gobierno de Sánchez por el dardo envenenado del alquiler ya que no hay partida presupuestaria para atender tal volumen de afectados. Apenas 6 millones transferidos a Galicia que permitirían subvencionar el arrendamiento a 2.375 familias.
Con una media de 400 euros por hogar en la comunidad gallega, el desembolso para los próximos seis meses se situaría entre los 120 y los 180 millones de euros. Ante la falta de fondos en las arcas autonómicas para afrontar tales cantidades, el departamento dirigido por Ángeles Vázquez remitió una carta al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la que además de requerir información sobre la línea de ayudas aprobadas reclama una dotación presupuestaria "acorde, ajustada y suficiente" para atender al colectivo que el real decreto fija como beneficiarios en los alquileres de vivienda habitual.
En la misiva fechada el pasado 14 de abril, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda cuestiona las "falsas expectativas" y el "desánimo" que creará el paquete de medidas anunciadas por el Gobierno para los inquilinos en situación de dificultad por la falta de dotación económica ya que „advierte„ "no hay recursos disponibles para la ayuda diseñada".
Desde la Xunta apuntan que el real decreto ley pretende financiar las ayudas al alquiler por la crisis del coronavirus dando la posibilidad a las comunidades autónomas de reorientar fondos del plan estatal de vivienda 2018-2021. Pero la Consellería advierte de que las transferencias de este programa a las comunidades ya no permiten más posibilidades porque estos fondos están prácticamente comprometidos en la convocatoria en curso y con una dotación extraordinaria de 100 millones, de la que a Galicia le corresponderían 5,7 millones. "Con esta cuantía, únicamente se podría subvencionar la renta de 2.375 hogares durante seis meses partiendo de una renta media de 400 euros/mes", cuestiona Vázquez.
Requisitos y calendario
¿Quiénes pueden acceder a estas ayudas al alquiler? ¿Qué tienen que hacer los afectados? En los últimos días las inmobiliarias gallegas no dejan de recibir preguntas de inquilinos y arrendadores sobre calendario y trámites.
Hasta el 2 de mayo, arrendatarios y propietarios tienen de plazo para negociar un aplazamiento o condonación de una parte del alquiler y para solicitar las ayudas, según recuerdan desde la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein).
Podrán acogerse quienes en el mes anterior a la solicitud de la moratoria se encuentren en situación de desempleo, ERTE o haya reducido su jornada por motivo de cuidados. En caso de ser empresario, o circunstancias similares, que se sufra una pérdida sustancial de ingresos.
Con carácter general, los solicitantes no podrán superar el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (unos 1.645 euros), que se podrá incrementar 0,1 veces el Iprem por cada hijo a cargo o mayor de 65 años en la unidad familiar (0,15 si es unidad familiar monoparental).
También podrán acceder cuando la renta del alquiler, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. Ninguno de los integrantes de la familia que tramita la solicitud puede ser propietario de una vivienda o tenerla en usufructo en España.
Las obligaciones de los arrendadores varían en función de si se trata de propietarios con más de 10 viviendas o de particulares con menos de esos inmuebles. En el primer caso, deberán optar entre la reducción de renta en un 50% o una moratoria en el pago mientras que dure el estado de alarma y hasta un máximo de cuatro meses después, según detalla la patronal inmobiliaria. Si el arrendatario es un particular, „que en Galicia representan el 96%„, deberá comunicar al inquilino las condiciones de aplazamiento o fraccionamiento o las posibles alternativas. Si no llegaran a ningún acuerdo, el arrendatario en situación de vulnerabilidad podría acudir al programa de ayudas del RDL 11/2020 art.9. "Únicamente pueden modificarse los plazos de los contratos de alquiler de vivienda bajo solicitud del inquilino y aceptación del arrendador, pudiendo aplicarse una prórroga extraordinaria por un periodo máximo de seis meses a los contratos que concluyan entre el día 2 de abril de 2020 y los dos meses siguientes a la finalización del estado de alarma", explica el presidente de Fegein, Benito Iglesias.
En el caso de que el arrendador acredite estar igualmente en una situación de vulnerabilidad por la actual crisis se trasladará a los servicios sociales para su consideración sobre el plazo de suspensión extraordinaria y las medidas de protección a adoptar. Por lo que,el inquilino deberá acreditar que se encuentra en situación de desempleo como consecuencia de un ERTE, que su jornada ha sido reducida o, si es un empresario, que ha sufrido una perdida sustancial de ingresos.
