Los gallegos son menos pobres pero pasan más frío: un 19% raciona la calefacción

Los recibos de la luz se miran con lupa. En el primer semestre de 2022, las reclamaciones a las eléctricas se dispararon un 275 por ciento, un fenómeno en sintonía con que el precio medio de la electricidad casi duplicase el año pasado al de 2021, alcanzando un récord histórico. La inflación, también de los costes energéticos, castiga a sectores enteros y las familias no son una excepción: las que se lo piensan dos veces a la hora de poner la calefacción alcanzan máximos históricos en Galicia en 18 años. Sin embargo, esto se produce en un contexto en que la tasa Arope, que mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social, ha descendido.

La última encuesta de condiciones de vida de los hogares, difundida ayer por el Instituto Nacional de Estadística, revela que alrededor de una de cada cinco familias gallegas (el 19,1 por ciento) no puede permitirse mantener la vivienda en la que reside a una temperatura adecuada, lo que, en el caso de Galicia, suele significar que se ven obligadas a dosificar la calefacción. El porcentaje referente a 2022 supone triplicar el dato previo prepandemia —en 2019 el porcentaje era del 6,5%— y se corona además como el más elevado desde 2005. Solo 2004, el último año al que el INE permite retrotraerse en el análisis de este parámetro, registra un dato superior.

Los gallegos no son los únicos en restringir la calefacción: la tendencia es generalizada. En todo el Estado pasan estrecheces energéticas en torno al 17,7 por ciento de las familias. Es una cifra ligeramente inferior a la gallega, pero si se echa la vista atrás, supone igualmente una cifra récord aupada por la inflación.

El INE examina el indicador que revela la pobreza energética al analizar lo que denomina carencias materiales. Esa situación de insuficiencia material y social se considera carencia material severa cuando las personas, u hogares, la manifiestan en al menos siete de trece conceptos, no solo el energético, sino también la capacidad de afrontar pagos imprevistos, poder irse de vacaciones o comer carne, pollo o pescado al menos una vez cada dos días, disponer de un coche o reemplazar muebles viejos, entre otros. En ese parámetro, Galicia ha empeorado con respecto a la situación prepandémica (2019) y en relación al año previo. Así, en 2022, un 6,3% de la población encajó en la definición del INE de carencia material y social severa, unos 23.000 gallegos más que en 2019.

Si el año de comparación con 2022 se fija en ese punto, antes de que el coronavirus hiciese irrupción y pusiera en aprietos a la salud, pero también a la economía, el porcentaje de personas que no puede darse el lujo de tomarse vacaciones o comer carne, se ha reducido. No ocurre lo mismo si se mide 2022 con 2021, antes de la inflación y de un escenario de guerra: con respecto al año previo, crecen los que no tienen posibilidad de vacaciones, ni de asumir gastos que no esperaban, ni de contar con un vehículo.

La carencia material y social severa es uno de los componentes de la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social. Esa tasa, sin embargo, ha descendido en Galicia, que se sitúa por debajo de la media estatal (26%), a su segundo porcentaje más bajo desde 2014: un 23,6%. Aun así, en cifras redondas afecta a casi uno de cada cuatro gallegos. Los otros dos componentes de la Arope son el porcentaje de población en riesgo de pobreza y el de ciudadanos en situación de baja intensidad de empleo.

La primera analiza la desigualdad y toma como referencia los residentes con ingresos por debajo del umbral de riesgo de la pobreza en el año previo a la entrevista. En el caso de Galicia se sitúa en un 18 por ciento, la segunda cifra más reducida desde 2014 y más de cuatro puntos menos que en prepandemia. El segundo indicador considera las familias sin empleo o cuyos miembros en edad de trabajar lo hicieron menos de un 20% de su potencial. El dato gallego es del 9,5%, también el segundo mejor de la serie y, a diferencia de lo que ocurría con la población en riesgo de pobreza, es superior al estatal.

El 43% de hogares hace números para llegar a fin de mes

Más de 460.000 hogares gallegos se ven en apuros para llegar a fin de mes. Según el INE, un 43 por ciento de familias declara dificultades para llegar al día 30, lo que supone 2,4 puntos porcentuales más que un año antes, en 2021, aunque no todas tienen que apretarse el cinturón en la misma medida. En concreto, la encuesta refleja que ven la cuesta del mes especialmente empinada un 7,5 por ciento de hogares, que son los que declaran “mucha dificultad”. Un 10,7 por ciento admite también “dificultad”, pero a secas, y una cuarta parte de las familias gallegas matiza que ese periplo les supone una “cierta” dificultad.

El dato sitúa a Galicia en los puestos centrales del ranking autonómico, a más de 18 puntos por debajo de quienes peor lo llevan, los canarios, pero también a más de once puntos respecto a la comunidad que declara menos estrecheces, el País Vasco.

La encuesta del INE analiza asimismo la renta por hogar. En la comunidad gallega la media en 2022 es de 29.600 euros, diez mil menos que la líder de listado, Madrid; cinco mil más que la última, Extremadura; y casi dos mil más que el año precedente.

El INE aporta otra serie de datos, pero alusivos al comportamiento estatal. Por ejemplo, de cara a glosar la relevancia del nivel de formación, señala que si la tasa Arope —población en riesgo de pobreza o exclusión social— es en general en España de un 26%, en aquellos que como mucho tienen primaria, supone diez puntos más. Por el contrario, en los residentes con educación superior baja casi una docena de puntos. El análisis permite constatar también cómo esa tasa asciende en aquellas personas que viven en hogares monoparentales (un adulto con hijos dependientes a cargo): estarían en riesgo de pobreza o exclusión casi la mitad de estas familias. El 55,7% de parados se encontraba en riesgo frente al 16,5% de ocupados y el 17,4% de jubilados.

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