La ley de servicios digitales echa a andar con las grandes plataformas ‘online’

Las 19 grandes plataformas y motores de búsqueda en línea con de 45 millones de usuarios activos mensuales en la Unión Europea (UE) —equivalente a un 10% de la población de Europa—, como Google, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, Amazon, Zalando y Wikipedia, están sujetas desde ayer a requisitos más estrictos que las obliga a ser mucho más transparentes, y a tomar medidas contra contenidos ilegales o nocivos difundidos en ellas y a poner coto a la desinformación online, tras la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Los gigantes de internet, sin embargo, sólo son la avanzadilla, ya que, a partir del 17 de febrero de 2024, todos los servicios digitales tendrán que acatar las normas de la DSA.

Según la ley, las plataformas y motores de búsqueda en línea tendrán que tomar medidas rápidas contra el contenido ilegal, como el discurso de odio o los productos ilegales; informar a sus usuarios sobre cómo denunciar contenidos ilegales; adoptar medidas para prevenir riesgos sistémicos, como la desinformación o las notificas falsas; proteger los derechos de los usuarios, como favorecer el ejercicio de los derechos de desistimiento y reembolso al facilitar, por ejemplo, la posibilidad de identificar a los vendedores de productos ilegales y someterse a auditorías independientes de sus acciones contra la desinformación, las noticias falsas o el discurso de odio.

Los especialistas gallegos en TIC coinciden en señalar que la norma es clave para garantizar un entorno en línea seguro y responsable, aunque reconocen que aún habrá que esperar un tiempo para ver sus resultados, como sucedió en su día con el reglamento europeo de protección de datos. “Las grandes plataformas están bastante lejos de aplicar todos los criterios que exige la normativa europea, que son muchos”, afirma Víctor Salgado, abogado especialista en Derecho TIC, quien asegura que la mayoría de estos servicios se ha limitado a maquillar un poco los términos de uso ante las nuevas exigencias.

Aun así, el abogado asegura que la ley “marca un antes y un después”. “Para mí, como ciudadano y como profesional del Derecho TIC, es un momento emocionante porque tendremos capacidad de estar más informados y tendremos más vías también para defender nuestros derechos y los de nuestros clientes”, afirma.

Fernando Suárez, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería en Informática (CCII) de España, también aplaude esta norma. “Hasta este momento, los servicios digitales estaban regulados por la directiva del comercio electrónico de 2000, es decir, por una directiva previa a la existencia de servicios como Facebook, Twitter o Amazon y, por lo tanto, una norma que estaba desfasada y que era necesario actualizar”, argumenta.

Según Suárez, la nueva norma pretende limitar el poder que tienen algunas grandes tecnológicas y empoderar al usuario, al que otorga mayor control sobre los datos y la información que se publican y se comparten en estas plataformas. “Se basa en una idea muy elemental, que viene a decir que lo que es ilegal en el mundo físico también debe de ser ilegal en el mundo digital”, afirma.

En este sentido, la norma hace a las plataformas responsables del contenido ilícito o nocivo que se publica en ellas y las obliga a establecer términos y condiciones, así como un mecanismo de apelación a decisiones de moderación de contenido “que pueda entender hasta un niño”. “En caso de que no actúen de forma rápida para retirar ese contenido, serán ellas las responsables directas, lo que nos permitirá acudir a la vía jurisdiccional ordinaria. Hasta ahora, las plataformas se escudaban en que la responsabilidad era del autor del contenido”, explica el abogado.

Además, partir de ahora, están obligadas a ser mucho más trasparentes en lo referente a los parámetros de sistemas de recomendación de contenidos que emplean para el contenido que presentan a sus usuarios en función de sus intereses. Respecto a esto, introduce el concepto de “responsabilidad algorítmica” por el que la Comisión Europea, así como los estados miembros, tendrán acceso a los algoritmos de las grandes plataformas online.

“La ley da el poder al usuario para decidir sobre sus datos personales. Ahora, cuando utilicemos sus servicios, ellos tendrán que ser muy claros sobre si lo que estamos recibiendo es publicidad y sobre en base a qué algoritmo se hace la información que se nos muestra, y darnos la posibilidad de podamos elegir un sistema de recomendación que no se base en nuestro perfil”, explica Salgado.

En ningún caso se podrán emplear los datos de los menores de edad para dirigir la publicidad. En este sentido, TikTok ya se adelantó hace un mes y eliminó los resultados personalizados de su feed For You, excluyendo automáticamente a los usuarios de entre 13 y 17 años de los anuncios personalizados en función de su actividad previa.

Las grandes plataformas tendrán, además, que presentar informes de transparencia a las autoridades europeas. Ayer expiró el plazo para que presentasen su primer ejercicio anual de evaluación, para reducir los riesgos asociados a la difusión de contenidos ilegales o la manipulación de servicios con impacto en los procesos democráticos y la seguridad pública.

No todos los gigantes de internet han brindado la misma acogida a la norma. Amazon y Zalando han presentado sendos recursos ante el Tribunal de General de la UE para intentar escapar de la nueva ley, mientras que otras como Twitter se muestran más receptivas, aunque aún distan mucho de estar preparadas para poder cumplir sus requisitos.