Más de la mitad de los pederastas son condenados con penas inferiores a cinco años de prisión

Las alarmas han saltado esta semana cuando se ha tenido conocimiento de que un padre ha violado a su bebé, ha difundido los vídeos de las agresiones por redes sociales y ha ofrecido a su hija a otros depredadores sexuales. Aunque este es un caso extremo, desgraciadamente cada año se interponen miles de denuncias por abusos sexuales a niños, un fenómeno que ha crecido un 70% en una década. En 2021, se abrieron 8.317 procedimientos judiciales por este delito y estos datos "son solo la punta del iceberg dado que se calcula que el 15% de los casos no se denuncian", debido a que impera "la ley del silencio", los menores no lo verbalizan -a veces no saben reconocer el delito- o sus familias lo ocultan y no acuden al juzgado, según Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política de Save the Children.

Esta información aparece en informe 'Por una justicia a la altura de la infancia', realizado por la oenegé con el análisis de cerca de 400 sentencias judiciales de 2021 y 2022 sobre abusos sexuales a niños y niñas. El estudio revela que más del 50% de los pederastias son condenados a penas inferiores a cinco años (el 13,2% es sentenciado con menos de dos años de prisión, el 39,3% con dos a cinco años y el 36,6% a más de cinco años) y traza un perfil de víctimas y agresores que permite tener más conocimiento sobre estos delitos tan execrables.

En ocho de cada 10 casos el agresor es un familiar o una persona conocida por el niño o niña, como un monitor o un vecino

Así, indica que en ocho de cada 10 casos el agresor es un familiar o una persona conocida por el niño o niña y en el 96% de los casos no tiene antecedentes penales por haber cometido violencia sexual. El informe recoge varios ejemplos, como el de Carmen Corrales, una gaditana de 26 años, que ha denunciado haber sido violada de los 10 a los 14 años por su abuelo; mientras que Leoncio, de 12 años, fue abusado por su monitor de extraescolares, que fue condenado a 2 años de prisión pero el tribunal acordó suspender la pena con la condición de que no volviera a cometer el delito y pagara una indemnización al menor.

El perfil del agresor

En comparación con una investigación similar realizada por Save The Children en 2019-2020 se ha reducido ligeramente el número de agresores del entorno familiar (del 49% al 40% en 2021) y se ha incrementado el de violadores del entorno que no son parientes (34% al 42%), entre los que suele haber educadores, monitores, amigos o vecinos. Dentro de las familias los principales agresores suelen ser el padre o la pareja de la madre.

En cuanto al perfil de las víctimas, el 80,3% de los casos son de género femenino, con una media de edad de 11 años cuando comienzan los abusos. Casi un 4% de las víctimas son niños o niñas con algún tipo de discapacidad, circunstancia que los agresores aprovechan para cometer los abusos sexuales. Y, en el 68,6% de los casos solo consta una víctima, aunque hay algunos depredadores que cometen abusos con hasta siete menores.

Los fallos del proceso judicial

En la presentación del informe, Save The Children no ha querido incidir en las penas impuestas y por qué algunas son tan bajas dado que la "respuesta penal es la última respuesta" y hay que "poner el foco" en el ámbito preventivo. A este respecto, ha reclamado la puesta en marcha en su integridad de la ley de protección a la infancia, de forma que haya "formación tanto para los profesionales como las familias", de forma que sepan reconocer el delito y denunciarlo. Y es que muchos niños ni siquiera saben que el abuso es algo execrable. Por ejemplo, Carmen Corrales ha explicado en la rueda de prensa que como su agresor era su abuelo, "una persona de confianza y a la que quieres y él decía que era normal", ella pensaba que los abusos eran algo habitual en otros hogares, hasta que se dio cuenta, con 17 años, que no era así y ya estaba "súper hundida".

El caso de Carmen también permite comprobar que el proceso judicial "no está a la altura de la infancia", en palabras de Perazzo. Carmen tuvo que declarar cinco veces, lo cual le provocó una revictimización. "Cada vez que iba a declarar salía como un zombi, me dejaba destrozada", ha explicado. Según el análisis de las casi 400 sentencias, la media de declaraciones es de tres veces y solo en el 24,9% de los casos se utiliza la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que las víctimas no tengan que relatarlo ante desconocidos, a veces sin formación, una y otra vez.