Las ayudas para alumnado con necesidades educativas especiales acaban en la Audiencia Nacional: "Mi hija con sordera se ha quedado fuera"

Eva nació con citomalagoviurs, una infección que le causó hipoacusia unilateral severa. "Es decir, es sorda profunda de un oído", resume su madre, Natalia García, que cuenta que su hija tiene una dificultad añadida enorme en la escuela, sobre todo a la hora de escuchar, de hablar, de alquirir vocabulario y gramática o de pronunciación. De comunicarse.

Hasta los seis años tuvo cubierta la prestación de logopedia en su comunidad autónoma, Andalucía. Pero ahora, a sus ocho, ya no se la financian. Tampoco puede acceder a las ayudas del Ministerio de Educación para alumnado con necesidades específicas de apoyo, pese a tenerlas reconocidas en su colegio. Ni a un audífono pagado, porque para eso tendría que ser sorda también del otro oído. Así que ahora mismo depende exclusivamente de la capacidad económica de sus padres para poder leer y expresarse sin dificultad e ir avanzando en el sistema educativo.

Desde el curso 2020-2021, la convocatoria de ayudas al estudio para estos estudiantes exige al alumnado con necesidades educativas especiales (nee) derivadas de discapacidad estar en posesión de un certificado de discapacidad igual o superior al 33 %, eliminando la posibilidad, antes existente, de acreditar estas necesidades mediante otras vías certificadas por profesionales del ámbito educativo.

Desigualdad de condiciones

Tanto Eva, como otros centenares de menores con sordera de un oído o con deficiencias visuales, entre otros, se han quedado fuera de las ayudas. Natalia García asegura que en su casa tuvieron suerte con Asprodes, la Asociación Proderechos del Sordo, en Granada, que les ofrece este servicio "mucho más barato". Pagan más de cien euros al mes, más otros 2.000 euros que les ha costado el audífono de su niña.

"Son niños y niñas que se encuentran en una situación de desigualdad respecto al resto. No tienen acceso al sistema educativo igual que el resto, cuando el estado debería garantizar que tanto mi hija como el resto tuvieran una educación en igual de condiciones, algo que no está ocurriendo", asegura.

Por eso, CERMI (el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y FIAPAS (la Confederación Española de Familias de Personas Sordas) han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional contra la convocatoria de ayudas al estudio para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el curso 2023-2024.

En opinión de estas entidades, el cambio en los requisitos de solicitud de las ayudas conlleva varios problemas. Por un lado, aseguran que contraviene el propio propósito de la convocatoria de becas, que es procurar los apoyos de las familias que tienen que costear algún tipo de apoyo externo. Por oto, en el caso concreto de la sordera, la directora de FIAPAS, Carmen Jáudenes, explica que parte del alumnado no llega a ese 33% del grado de discapcidad, pese a ser niños que, en muchos casos, deben superar dificultades de aprendizaje.

Vulneración de derechos

Además, indica que en determinados supuestos el ministerio sí da por válida la vía del informe psicopedagógico o de un informe clínico, sin necesidad de presentar el certificado de discapacidad. Enumera, por ejemplo, determinados casos de alumnado que presenten alguna situación de espectro autista, alteraciones del desarrollo de la comunicación, lengua y conducta, o casos de altas discapacidades. "Pero en el caso de la discapcidad en general, esa vía se ha cerrado", lamenta.

Por todo ello, en el recurso presentado a la Audiencia Nacional plantean la decisión del Ministerio de Educación de eliminar esta vía de acreditación. Un acto que, en su opinión, "vulnera los derechos de alumnado con capacidades educativas especiales y los deja, de alguna manera, en desamparo".

"El certificado del grado de discapacidad es administrativo, pero consideramos que para evaluar necesidades educativas especiales no es válido. Los baremos de discapacidad no evalúan dificultades de aprendizaje ni necesidades educativas; miran otras cuestiones fuera del contexto educativo", defiende la directora de FIAPAS.

"No estamos hablando del porcentaje de discapacidad que tiene tu hijo, sino de las necesidades", añade García. "Al final, hay un momento en el que casi deseas que tu hijo esté en el 33% [de discapacidad]. Porque, de repente, puede acceder a más servicios y ayudas y tiene derechos. Los que están por debajo quedan prácticamente invisibilizados a pesar de seguir teniendo unas necesidades enormes", concluye esta madre.