La falsa princesa de Hohenlohe, condenada a tres años por una estafa piramidal de casi nueve millones de euros

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha condenado a tres años y medio de cárcel a la falsa princesa de Hohenlohe por una gran estafa piramidal de casi nueve millones de euros. La acusada, Beatriz Delgado, captaba inversores con la promesa de generar enormes intereses que no estaba en condiciones de generar. La sentencia la declara autora de un delito continuado de estafa con la atenuante de dilaciones indebidas, pero la absuelve de falsedad documental, apropiación indebida, insolvencia punible y administración desleal. El proceso judicial quedó archivado para su marido, que también fue procesado, por razones de salud.

El tribunal considera probado que Delgado captó entre 2009 y 2012 a decenas de víctimas con dos métodos. El más habitual era ofrecer elevadísimos intereses con operaciones financieras que en realidad no se llevaban a cabo. La mujer creó una "estructura defraudatoria piramidal", pagando a los clientes más antiguos con las aportaciones de los nuevos. En otros casos, ejerció como intermediaria en préstamos entre particulares. La mujer, según detalla la sentencia, utilizó su supuesta condición de aristócrata para "crear una apariencia de solvencia, seriedad y profesionalidad consistente en mostrar que contaba con relaciones al más alto nivel y una elevada formación". Su estilo de vida, con lujosas viviendas y vehículos, chófer y guardaespaldas "generó confianza en los inversores y en los clientes".

En realidad, las sociedades con las que operaba la falsa princesa -European Investmente y Balearic Island Investment- eran pura fachada. No tenían empleados cualificados ni estructura para realizar las inversiones prometidas. Las empresas llegaron a acumular deudas con la Agencia Tributaria de casi 500.000 euros y sus únicos bienes estaban embargados o gravados con elevadas cargas, lo que hacía imposible afrontar las reclamaciones judiciales.

Delgado se adueñó así de buena parte de los fondos entregados por los inversores, que le permitieron "llevar una vida de lujo y ostentación", y generó importantes perjuicios a las víctimas. Las más damnificadas fueron las dueñas de un restaurante de Palma que solicitaron a la acusada un préstamo de 600.000 euros para obtener liquidez y pusieron la finca de su negocio y sus propias viviendas como garantía. Delgado se quedó parte del dinero y el prestamista reclamó judicialmente la ejecución de la hipoteca, por lo que las víctimas perdieron todos los inmuebles. 

El fallo impone a la acusada una indemnización de 6,3 millones para estas dos mujeres y compensaciones que suman otros 2,4 millones paro otros 21 perjudicados por el fraude.