El 19 de marzo de 1812 se aprobó en Cádiz la primera Constitución liberal española, llamada

La Pepa por ser promulgada el día de San José. Nueve parlamentarios representaron a Galicia en las Cortes de Cádiz, que truncó por sólo dos años el absolutismo de Fernando VII.

La ciudad de Cádiz se prepara ya para la conmemoración del bicentenario de la Constitución liberal, que estableció un nuevo sistema político basado en el principio de soberanía nacional, con la monarquía como forma de gobierno. El poder reside en el pueblo y de él emanan todos los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En Cádiz se establecieron las bases pragmáticas del liberalismo español hasta la revolución de 1868 y la Constitución que de allí salió sirvió de modelo para otras muchas constituciones iberoamericanas.

La Carta Magna elaborada por los diputados doceañistas daba al Rey y a las Cortes la facultad de crear leyes de forma conjunta y reconocía, además, derechos como la libertad de expresión, la de imprenta, la igualdad jurídica o la inviolabilidad del domicilio.

Sin embargo, estos avances no durarían demasiado: el 4 de mayo de 1814, el rey Fernando VII, que había aceptado el texto

- "marchemos, y yo el primero, por la senda constitucional"- declaró nula la Constitución y todas las decisiones de las Cortes de Cádiz mediante decreto.

Las Cortes de Cádiz crearon un cuerpo legislativo de carácter liberal y establecieron un nuevo orden en sustitución de la sociedad estamental que había dominado hasta entonces en España.

Durante la Guerra de la Independencia, (1808-1814), las revueltas populares llevaron a la creación de Juntas Locales y Regionales de Defensa para defenderse de la invasión francesa y suplir el vacío de poder derivado de la negativa a reconocer a José I, el famoso Pepe Botella.

Compuestas por por militares, representantes del alto clero y funcionarios, todos conservadores, dieron el poder a la Junta Suprema Central, que ordenó celebrar Cortes, ante la profunda crisis creada por la guerra.

En las reuniones tomaron parte representantes de las provincias españolas y de los territorios americanos y de Filipinas, identificados con tres tendencias: los absolutistas, que defendían la vuelta de la monarquía de los Borbón; los jovellanistas, ilustrados defensores de las reformas, y los liberales, que preconizaban cambios radicales inspirados en los principios de la Revolución francesa.

Nueve diputados representaron a las provincias de Galicia. Antonio Payan fue elegido en representación de A Coruña. Abogado de la Real Audiencia de Galicia y decano del colegio de abogados coruñés, formó parte de la comisión de Hacienda. Participó en el debate de la Constitución y en la comisión de Justicia que discutió la negativa del obispo de Ourense a jurar las Cortes. Fue elegido presidente de las Cortes.

Fueron también diputados en representación por Santiago Antonio María Parga Puga, firmante de la Constitución, y Benito Ramón Hermida Maldonado, que llegó a ser Oidor de la Real Chancillería de Granada como Alcalde del Crimen, y regente de la Audiencia de Sevilla. Hermida fue el primer presidente provisional de las Cortes y se caracterizó, como otros destacados diputados gallegos, por su preparación jurídica. Formó parte del Tribunal de las Cortes y de los debates sobre la abolición del tormento, la ley de señoríos y sobre la Inquisición.

Francisco Pardo y Patiño fue también diputado por Santiago y, con otros dos parlamentarios, pidió a la Regencia que se apresurara a convocar las Cortes.

Otro de los parlamentarios gallegos fue Pedro Rivera y Pardo, cura párroco de Pontedeume, que también dejó estampada su firma en la Carta otorgada.

El capitán de fragata Luis Rodríguez del Monte y del Prado fue diputado por Betanzos. Perteneció, entre otras comisiones, a la del Comercio de negros. José Alonso y López Nobal, piloto de marina e ingeniero, representó a Ferrol. Matemático de renombre, intervino en la medición del arco de meridiano terrestre y realizó el plano geográfico y estadístico de la archidiócesis de Santiago. La reacción absolutista de 1814 le obligó a exiliarse, y volvió a ser diputado en 1820.

Completan la nómina de doceañistas de Galicia Juan Bernardo Quiroga y Uría, por la provincia de Ourense, que sustituyó a otro gallego, Durán de Castro, y llegó a ser vicepresidente de las Cortes, y Agustín rodríguez Bahamonde, parlamentario por Tui, que tomó parte en el proyecto de ordenación de las provincias y en la reforma del Ejército. ¡Viva La Pepa!