Ya sabemos qué medidas podría aplicar el Gobierno a Cataluña si el Senado aprueba la utilización del 155, pero aún estamos a tiempo de que no se aplique una medida que, por legal y constitucional que sea, no deja de ser excepcional, coercitiva y limitadora de derechos y libertades. Sin entrar ahora en quiénes son los culpables de haber llegado hasta aquí, que son varios y en diversos grados, lo cierto es que de la utilización de esta herramienta política asume la responsabilidad, para bien y para mal, el Gobierno, la mayoría del Senado que la apruebe y los partidos políticos que la apoyen.

Con la aplicación del 155 se cambian muchas cosas, pero hay una especialmente relevante. Y es que así, como todas las medidas anteriores, judiciales o policiales (estrictamente políticas no hubo), afectaban de modo directo a los secesionistas y/o a los partidarios de la celebración de un referéndum, legal o no, y solo colateralmente al resto de los catalanes, ahora los afectados directamente serían todos los catalanes, que verían suspendidos o limitados derechos y competencias que la Constitución les reconoce y la misma Constitución ahora les quita, cuando menos, temporalmente. Las consecuencias para la vida diaria de todos los catalanes serán penosas en todo caso y muy graves si el conflicto se radicaliza o se enquista. Los efectos colaterales, pero efectivos y dolorosos, caerán esta vez sobre todos los españoles que sufriremos el fracaso de la Constitución en uno de sus principales objetivos, que no era otro que articular la integración y la convivencia democrática de todas las regiones, nacionalidades, naciones o cómo se les quiera llamar que constituyen España.

Para el nacionalismo español más radical, de momento y al parecer minoritario pero que anida en distintas formaciones políticas, la situación le resulta estimulante porque va en la dirección que siempre han pretendido: La España una y la liquidación de toda aspiración de autogobierno. Para esta gente el conflicto catalán y su intervención desde el Estado central no sería más que el inicio de otro procés: el de "la doma y castración", hoy de Cataluña, y luego de quien sea menester. Remedio y enfermedad. Peligro.