El juez ha impuesto una pena de siete meses de prisión por un delito de resistencia a la autoridad por haberse enfrentado a los agentes policiales que la obligaron a identificarse después de que se hubiera negado a exhibir la tarjeta del transporte público a un inspector de la Compañía de Tranvías, provocando con ello que el bus de la línea 14A en el que viajaba estuviera detenido fuera de la parada, causando protestas del resto del pasaje.
