Primero fue el olvido, ahora los desacuerdos, los que condenan a la antigua prisión provincial a una agonía propia de un leproso. Cada día, el edificio pierde un poco más de su consistencia, los cristales se caen al suelo, se rompen y no son repuestos y no hay pintura en las paredes. La espera agrava su estado. A esta infraestructura, como a otras de la ciudad, el hecho de que haya una solución escrita no le salva y la decadencia crecerá si su futuro pasa a depender ahora de los tribunales. Ministerio del Interior y Gobierno local discrepan sobre las condiciones en las que se tendría que ejecutar la cesión del edificio al Concello. El Estado reclama una indemnización de 1,2 millones de euros comprometida en 2005 por el entonces alcalde Francisco Vázquez y el Ayuntamiento cree que la devolución debería ser gratuita. El PSOE cargó ayer contra el Gobierno local por anunciar que iba a recuperar la parcela sin costes y "demostrar su pobre capacidad política ante los gobiernos amigos del PP".

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