La persecución de los furtivos, el principal problema de la ría de O Burgo, se tradujo durante el año pasado en la presentación de 33 denuncias y en la detención de una persona, según los datos facilitados por la Consellería de Presidencia, de la que depende la Policía Autonómica, el cuerpo encargado de la lucha contra este delito. Hasta el inicio de las fiestas navideñas fueron 97 los detenidos en toda Galicia por furtivismo, por lo que sorprende que en O Burgo tan solo haya habido una detención cuando la presencia de los mariscadores sin autorización es constante en esta ría.

La Policía Autonómica llevó a cabo durante el año pasado once dispositivos en el estuario coruñés, donde identificó a 122 personas y realizó 73 inspecciones. A estas actuaciones sumó siete controles en las carreteras en los que se inspeccionaron 47 vehículos sospechosos de transportar marisco extraído de forma ilegal.

El exiguo número de detenciones en O Burgo contrasta además con el cambio legal que entró en vigor el pasado 1 de julio, mediante el cual el furtivismo pasó de ser calificado como una falta a un delito. Las autoridades habían anunciado que esta modificación tendría consecuencias decisivas para la erradicación del furtivismo, ya que el incremento de las penas que se impondrían a los infractores les disuadiría de continuar su actividad ilícita.

Pero a lo largo de todo el año la presencia de los furtivos ha sido constante en los bancos marisqueros de O Burgo, pese a que además de la vigilancia que efectúan los funcionarios de la Consellería de Mar, los propios miembros de la Cofradía de Pescadores y Mariscadores de A Coruña mantienen un control constante de la ría para trata de impedir que se esquilme su riqueza.

El asentamiento chabolista situado en A Pasaxe, al mismo borde del estuario, es señalado por los mariscadores como el origen del problema, ya que una parte de sus pobladores recurre al furtivismo para obtener ingresos, ya que carece de otros medios con los que ganarse la vida. Desde hace años, la cofradía ha reclamado a las autoridades que tomen medidas contra estas personas, contra las que la anterior legislación apenas era efectiva, ya que las sanciones administrativas que les imponía por marisqueo ilegal no eran abonadas al carecer de solvencia económica.

Pero, a la vista de los datos del año pasado, la nueva tipificación del furtivismo tampoco parece ser determinante para acabar con esta práctica, puesto que a pesar de la frecuencia con la que los chabolistas son descubiertos en la ría, tan solo se ha llevado a cabo una detención, mientras que en otras rías de Galicia han sido numerosas.

Por si fueran pocos los problemas de los mariscadores coruñeses, la ría de O Burgo se vio afectada además el año pasado por un cierre desde el 9 de marzo al 6 de abril a causa de la excesiva concentración de hidrocarburos detectada en los análisis de las aguas realizados por la Xunta.

Miembros de la Agrupación de Mariscadores relacionaron este hecho con la avería sufrida en uno de los pantalanes de Repsol, aunque la investigación llevada a cabo por los técnicos autonómicos no consiguió desvelar el origen de los vertidos que motivaron la clausura de la ría. Durante las casi cuatro semanas que los mariscadores no pudieron faenar, no obtuvieron ningún ingreso, ya que la Xunta negó la posibilidad de que recibieran compensaciones por su inactividad.