UNA PIEZA A LA AUDIENCIA NACIONAL

Parte de la 'Zeta' se instruirá en Madrid porque el fraude de fondos se orquestó a nivel nacional

La Confederación de Autónomos y Profesionales de España, dirigida por Eliseo Calviño, tenía sedes y socios ficticios en diferentes comunidades para conseguir subvenciones

30.03.2016 | 19:23
Eliseo Calviño y Gerardo Crespo.

Las claves

  • Las subvenciones. Caype recibió ayudas públicas del Ministerio de Empleo, la Xunta, la Consejería de Empleo del País Vasco y la Consejería de Industria, Innovación y Empleo del Servicio Riojano de Empleo por importe de cuatro millones
  • Sin socios. La entidad compró listados de autónomos para simular tener representatividad y acceder a las ayudas
  • Devoluciones. La Administración Tributaria cifra en 2,8 millones la sobrefacturación de la confederación y las devoluciones que se hacían entre Caype y Azetanet, la consultoría de Gerardo Crespo
  • Sueldo. Calviño cobraba 4.500 euros netos mensuales de Caype a pesar de que el colectivo de autónomos carecía de actividad y de socios

Las distintas ramas de la operación Zeta tenían el entramado empresarial de Gerardo Crespo como nexo común y el mismo objetivo: conseguir fondos públicos destinados a cursos de formación y utilizarlos para fines privados. La complejidad del procedimiento judicial, así como su duración, han llevado a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña a separar la investigación relacionada con la Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype).

Uno de los juzgados centrales de instrucción se hará cargo del caso, ya que la Audiencia Nacional, según consta en el auto, es el órgano competente para enjuiciar los presuntos delitos cometidos por el colectivo de autónomos, que operó a nivel estatal. El presidente del organismo, Eliseo Calviño, está considerado por los investigadores como uno de los cabecillas de la trama. La investigación de la operación Zeta surgió a raíz de una denuncia presentada en 2011 por dos empleadas de Caype en la que destapaban el fraude de subvenciones para cursos formativos. Las dos trabajadoras declararon en febrero de 2015 como testigos y corroboraron ante la juez que Calviño recibía "sobres" de Crespo.

La entidad con sede en A Coruña, según sostiene la magistrada instructora, diseñó "un entramado de sedes ficticias que abarcan todo el territorio nacional" y consiguió fondos de distintas administraciones. En concreto, "el engaño" le permitió obtener 3,2 millones del Ministerio de Empleo; 747.000 euros de la Xunta; 35.000 euros de la Consejería de Empleo del País Vasco; y 16.000 de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo del Servicio Riojano de Empleo.

"Parece claro que lo relativo a Caype tiene unos contornos lo suficientemente definidos como para integrar una unidad de investigación autónoma, tanto en lo relativo a la defraudación estricta como a los delitos conexos, que tienen que ver, fundamentalmente, con falsedad documental y delitos contra la administración pública", recalca la juez, quien concluye que Caype se constituyó como "un mero artificio cuya finalidad última era la indebida apropiación de fondos públicos, falseando la información relativa a su estructura y a la justificación del gasto". La magistrada, además, destaca que las conclusiones de un informe presentado por la Unidad de Auxilio Judicial de la Administración Tributaria confirman "los numerosos indicios" de que no hay "registro ni documento que acredite la actividad propia de Caype definida en sus estatutos que se pueda concretar en la consecución de fines de interés general", así como que los ingresos por cuotas de asociados son inexistentes y que los que se contabilizan como donaciones "no se aplican a fin social alguno".

El documento certifica la "nula representatividad" de la confederación dirigida por Calviño y constata "los medios empleados para simular su implantación en todas las comunidades autónomas", tales como la compra de listados de autónomos y la constitución de sedes ficticias "en connivencia con el personal de Azetanet", la consultoría dirigida por Gerardo Crespo, presunto cabecilla de la operación Zeta. Una vez que Caype obtenía las subvenciones, justificaba de forma fraudulenta los gastos ante las administraciones a través de facturas falsas o del inflado de los costes por parte de empresas de Crespo y del propio Calviño.

El informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Administración Tributaria corrobora la subcontratación "sistemática" de empresas de Crespo cuando las administraciones exigían la presentación de varios presupuestos, así como que Caype "disfrazó" la contratación de personal docente. De hecho, subcontrató a la mujer de su presidente, Eliseo Calviño, para impartir cursos de manipulación de alimentos. "Se trata de un evidente caso de vinculación", sentencia la juez. La esposa del dirigente de Caype, según el sumario, cobró 2.000 euros por un curso a distancia de 14 horas cuando un profesor hubiese cobrado 200 euros. Calviño ingresaba un sueldo de 4.500 euros netos al mes -6.260 brutos-, a pesar de que la entidad carecía de socios. Los investigadores sospechan que su sueldo procedía de los fondos defraudados.

El documento de la Administración Tributaria cifra en 2,8 millones la sobrefacturación y las "devoluciones" que se hacían entre Caype y las empresas de Crespo. "En el análisis individual de los cursos se constata el abuso de facturación genérica, que impide el conocimiento preciso del gasto", señala la titular de Instrucción 6.

Las entidades implicadas en la operación Zeta recibieron entre 2008 y 2012 ayudas millonarias. Solo de la Xunta, según consta en el sumario, se embolsaron alrededor de 15 millones. Por el momento, en la trama hay 55 imputados, entre los que figuran empresarios, exaltos cargos de la Xunta, dirigentes de asociaciones y sindicalistas.

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