El abogado de Calviño destaca que el Ministerio de Trabajo le ha reclamado 270.000 euros, correspondientes a los cursos impartidos durante 2008 y 2009, tras detectar irregularidades. El letrado subraya que de los cuatro millones en subvenciones estatales que percibió la entidad, solo le han exigido la devolución de esos 270.000 euros. La juez instructora paralizó la orden de reintegro de ese dinero basándose en el que la investigación penal prevalece sobre la administrativa. La magistrada concluye que el "engaño" de Caype le permitió obtener 3,2 millones del Ministerio de Empleo; 747.000 euros de la Xunta; 35.000 euros de la Consejería de Empleo del País Vasco; y 16.000 de la Consejería de Industria de La Rioja.
