Las intervenciones en drogodependencias y políticas de prevención en torno a las adicciones no son un gasto, son una inversión, con un retorno social económico e intangible que se puede medir. Los profesores de Economía Aplicada de la Universidade da Coruña, Berta Rivera y Bruno Casal, junto a Eva Rodríguez, de Vigo, desarrollan un proyecto para el Plan Nacional sobre Drogas que evalúa el coste social de las dependencias y la rentabilidad de las acciones públicas para atajarlas. Los investigadores coordinan una jornada en Elviña para reflexionar en conjunto con representantes de Gobiernos, Justicia y unidades asistenciales. Resume la experiencia Casal, premio nacional Enrique Fuentes a tesis doctorales sobre economía, con un trabajo precisamente en torno a los costes del alzheimer y el consumo de drogas.

-¿Cuál es el objetivo de estas jornadas?

-Los proyectos de investigación no deben de quedar en un cajón, a expensas de que alguien se interese en un futuro por ellos. Además, queremos generar conocimiento y habilidades desde el punto de vista económico en aquellos profesionales que están en las unidades de drogodependientes de Galicia. Hablamos de evaluación económica, del retorno que tiene para el conjunto de la sociedad la inversión que se realice en sus salarios y en los planteamientos médicos y asistenciales en estas unidades.

-Será importante entonces para convencer a quien decide en qué se invierte el dinero público.

-Lo que queremos es estipular y difundir que la evaluación económica es una herramienta para tomar decisiones de manera informada, no dando palos de ciego. Avanzamos un poco más, y no solo medimos el retorno en términos económicos, sino que estamos desarrollando una herramienta para valorar el retorno económico en términos de calidad de vida; valorar que, por cada euro que se invierte en un programa preventivo o un programa asistencial, qué ganancia supone esto en calidad de vida. Estamos en la segunda fase del proyecto, en el último año de investigación, y aún no tenemos resultados.

-En la jornada están representados los que toman decisiones en despachos y quienes las ejecutan en la calle. ¿Son dos capas permeables a la hora de diseñar políticas en el sector?

-Básicamente creo que hay una comunicación plena. El Plan Nacional sobre Drogas es un organismo que se crea a efectos de coordinación, de programas y actividades. Y este plan es el que ordena y coordina a todas las entidades que trabajan en el ámbito, desde las de tipo público hasta las otras entidades dedicadas a este problema, el tercer sector (ONG). En Galicia sobre todo, es un sector muy, muy relevante en el tratamiento de las adicciones a día de hoy. A diferencia de otras comunidades, es el que prácticamente asume toda la parte asistencial, la que está llevando el mayor peso de tratamientos y de seguimientos de personas que tienen estos problemas de saluda día de hoy.

-¿Es preferible que estas entidades cubran el trabajo de la administración?

-No lo puedo evaluar. Aquí hay representantes de otras comunidades como Juan Jiménez, de Murcia, que habló de que su Gobierno autonómico está reforzando mucho la atención a estos pacientes desde la atención primaria. En Galicia, no es que no estén asistidas, sino que están subvencionadas y forman parte del paraguas de la Administración pública. Me imagino que a efectos administrativos tendrán sus diferencias. Pero creo que la coordinación es plena y muy buena.

-Hablan también de "estrategias de futuro", ¿hay un cambio de contexto que obligue, efectivamente, a mudar estas políticas?

-Las políticas públicas se articulan en torno a planes periódicos, que se evalúan al final de cada ciclo. Y en base a la evaluación, se reorientan las políticas. Por ejemplo, nos hablaba mucho el delegado del Plan Nacional sobre Drogas y Jesús Cancelo, del centro Alborada de Vigo, del repunte que del consumo de alcohol en adolescentes, en chavales de 13-14 años. Este es un problema de salud pública de primer nivel que están percibiendo. También insistieron en la invisibilidad de la droga, diferente a los ochenta.

-¿Por qué ya no es un problema de seguridad o vecinal?

-Parece que la ciudadanía ha perdido un poco el miedo y la visibilidad del tema de drogas. Decía el delegado que hasta el año 97 el consumo de droga estaba entre los tres o cuatro primeros puestos de importancia en cuanto a los problemas de la ciudadanía española en la encuesta del CIS. Y hoy está en el número 30. Solo un 0,4% de los encuestados lo consideró un problema relevante.

-¿Y a qué se debe?

-Es un cambio en las pautas de consumo. La caída del consumo de heroína realmente ha hecho que las personas con este problema de salud sean menos visibles, en cuanto a su aspecto físico, por ejemplo.

-Con el adelanto de la edad de consumo, ¿esta valoración de los costes tiene mayor relevancia?

-Y no solo eso, sino que permite categorizar cuál política está generando mayor calidad de vida ganada en base a una determinada inversión de dinero y, por tanto, priorizar los recursos que, por desgracia a día de hoy, son bastante limitados. Se hace siempre mucho hincapié en la prevención. Y no solo son costes monetarios, hay ciertos costes que son difíciles de cuantificar, lo que los economistas llamamos intangibles: el dolor, el sufrimiento de las familias, la desestructuración familiar? Todo eso es un coste para el conjunto de la sociedad que está ahí y su montante es mucho más importante que los costes que podemos llegar a estimar y que a veces se nos escapan en este tipo de evaluaciones.