La cautela con que el Gobierno local maneja sus contactos con el Ministerio del Interior para cerrar un convenio que permita disfrutar a los ciudadanos del uso temporal de la antigua cárcel provincial de A Coruña esconde por ahora aspectos esenciales sobre su recuperación, prevista por el Concello para el próximo año. Uno es precisamente ese uso social concreto que el Ejecutivo de Marea quiere dar al inmueble; otro es su gestión y mantenimiento.

El colectivo Proxecto Cárcere, que desde finales del año 2010 defiende la rehabilitación de la vieja prisión o de una parte de ella para otorgarle un sentido muy diferente al originario, propuso al Ayuntamiento hace meses distintas utilidades nuevas para la cárcel. También es partidario de una autogestión del edificio que lo desvincule de intereses políticos. Pero ambas cuestiones dependerán del contenido de ese convenio entre administraciones donde se determinarán las responsabilidades de cada una, además de las prioridades que establezca el Gobierno local respecto al futuro uso.

Los usos propuestos por Proxecto Cárcere al Concello para el viejo penal son sociales, educativos, artístico-culturales y museísticos, repasa su portavoz, José Lado. Al concejal de Rexeneración Urbana, Xiao Varela -a quien se ha dirigido hasta ahora la asociación- le parecieron adecuados y, en principio, viables. "Cualesquiera que sean los usos nuevos, el ciudadano tiene que tener mucho protagonismo en la cárcel", añade Lado.

Con estas propuestas, la prisión podría dar cabida a un centro educativo especial, un albergue para personas sin hogar, una sala de exposiciones, locales de ensayo para colectivos culturales, artísticos y vecinales o un museo que recoja aspectos relacionados con la memoria histórica. "Está por ver hasta dónde llegarían los usos y qué concejalía o concejalías liderarían la nueva etapa de la cárcel", sigue Lado. "Y eso dependerá de la gestión que se le quiera dar".

Proxecto Cárcere ofrece "disposición absoluta" al Concello para participar en la recuperación de la prisión. Hoy mismo el colectivo, integrado en su mayor parte por arquitectos, tiene una asamblea en la que tratará, entre otros asuntos, su vinculación con la antigua cárcel. Lado propone también al Gobierno local que, en el caso de que se cierre el convenio con la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), el Gobierno local se apoye en modelos de gestión de infraestructuras industriales recuperadas a las que se les ha dado un uso nuevo en otras zonas de España para adaptarlos al proyecto del inmueble coruñés.

Es la gestión el otro cabo suelto que debe resolverse en las negociaciones Concello-Estado y concretarse por decisión de la propia administración local. La autogestión a través de un órgano autónomo con vida propia es el modelo "exigente" por el que apuesta Proyecto Cárcere, aunque la cogestión entre alguna concejalía y una asociación es otra solución posible.

La cesión de uso que negocia el Gobierno local con el Estado comenzó en marzo pasado. Al mismo tiempo el Concello recurría ante el Tribunal Supremo el fallo de la Audiencia Nacional que negaba la vía abierta por el Ejecutivo anterior, del PP, de declarar nulo el convenio firmado en 2005 por el exalcalde Francisco Vázquez con Interior, por el que el Ayuntamiento debía abonar 1,2 millones de euros si quería recuperar la cárcel.

El Ejecutivo de Marea confía en rubricar el convenio con el SIEP en enero para comenzar a obrar en primavera. ¿Dónde? En principio en las partes del edificio mejor conservadas, que deberá determinar el informe técnico que ha contratado el Gobierno local.

Cuando durante el Ejecutivo municipal del bipartito (PSOE y BNG) la prisión gozó de una autorización especial del Estado para la realización de proyectos culturales, el inmueble acogió un festival de cine, circo, teatro, música y exposiciones. El mantenimiento corrió a cargo del Gobierno local y los actos se celebraron hasta mediados de 2011, en la entrada, la galería central y un lateral.