Inmobiliaria Río Mero, la arrendataria del complejo deportivo La Solana y el hotel Finisterre, mantiene su intención de hacerse con la propiedad de ambas instalaciones, ya que renovó ante la Autoridad Portuaria el aval de 10 millones que había presentado el pasado mes de octubre para optar a la subasta de ambos bienes por el precio en el que habían sido tasados y que no se dio a conocer hasta diciembre. La puja fue suspendida por el Puerto el 23 de febrero con el fin de llegar a un acuerdo con el Concello y Puertos del Estado sobre el destino de los terrenos portuarios, aunque se fijó un plazo de tan solo seis meses para la negociación.

El próximo 23 de agosto concluirá ese periodo sin que hasta el momento se hayan abierto las conversaciones, ya que el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, suspendió hasta en tres ocasiones la visita que tenía prevista a A Coruña para abordar este asunto. Cuando en febrero se conoció que la suspensión era de seis meses, el Gobierno local consideró que se trababa de un plazo escaso, a lo que los responsables del Puerto replicaron que era "más que suficiente".

El Concello presentó en mayo de 2016 una oferta de 1,4 millones por La Solana que debía concretar antes del 31 de diciembre, aunque durante ese plazo el Puerto acordó con Río Mero que la empresa se presentase a la puja por esa propiedad y el Finisterre con una oferta mínima de 10 millones. Las mociones aprobadas por el pleno del Concello el pasado 9 de enero en las que se reclama la continuidad de la titularidad pública tanto de los muelles como de La Solana y el Finisterre motivaron la paralización de la subasta, aunque la Autoridad Portuaria no ha abandonado ese proyecto.

Tras la reunión de su consejo de administración que realizó ayer, recordó que a pesar de que este año podrá obtener beneficios, "mantiene la necesidad de obtener importantes recursos adicionales mediante la enajenación de activos", en referencia a los muelles urbanos y otras propiedades que pretende sacar a subasta. El Puerto también destacó que esta iniciativa figura en los convenios de 2004 que establecían la financiación de la dársena exterior de punta Langosteira.

La renovación del aval de 10 millones por parte de Río Mero se conoce además tras la manifestación realizada el pasado día 7 por la Comisión Aberta en Defensa do Común, que congregó a 4.000 personas para reclamar la devolución gratuita al Concello de los terrenos que el Estado pretende privatizar, incluidos los portuarios.