Del más de un millón de españoles que el pasado 17 de marzo protestaron en las calles por la precarización de las pensiones, revalorizadas como en los últimos cinco años solo en un 0,25%, unos 10.000 se concentraron en A Coruña. El Obelisco atrajo las quejas de los pensionistas que demandan un aumento superior al establecido por el Gobierno estatal para sus prestaciones, una subida acorde con el encarecimiento de la vida (el IPC) y suficiente para el mantenimiento de su poder adquisitivo. Fueron mayoría los abuelos, pero no faltaron hijos ni nietos. Los pensionistas representan la cuarta parte (el 25,3%) de la población coruñesa: a 1 de enero de 2018 son 61.921 en el municipio y perciben una pensión media de 986,96 euros. Es superior a la media gallega (786,65) -junto con Extremadura (773,07), la más baja de España- y a la nacional (930,27 euros).

Los datos de la Seguridad Social, proporcionados por el Estado al grupo parlamentario socialista en el Senado a raíz de una pregunta sobre la distribución de las pensiones en el municipio coruñés, revelan que los algo más de 40.000 jubilados que residen en la ciudad cobran una pensión media de 1.146,55 euros mensuales. A los perceptores de la pensión de viudedad, 15.695 personas, les corresponde una media de 668,78 euros. La cuantía por incapacidad permanente, de la que son beneficiarios 4.068 vecinos, es de 935,69 euros; la de orfandad supera los 400 euros; y la que se concede en favor de los familiares por causa de fallecimiento, de 550,53 euros. Estas cuantías aumentarán próximamente por la subida de las pensiones, producto de la presión social y del debate político, aprobada esta semana por el Gobierno.

¿Por qué este año, más que en los cinco anteriores, ha sido más mediático el enfado de los españoles con el sistema público de pensiones? Las marchas de los jubilados clamando por unas pensiones dignas y contra la reforma laboral del Gobierno popular han provocado un efecto de atracción en un centenar largo de ciudades "similar al que en su día causó el 15-M".

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"Confluyen varios factores: en Galicia tenemos las segundas prestaciones más bajas del país; la población se ha cansado de los casos de corrupción política; tampoco acepta que se le anime a acogerse a pensiones privadas; y con el alza de impuestos o el copago farmacéutico ve como se desmorona el estado del bienestar. Todo esto caldea a la gente", resume Carlos Mella, secretario general de la Federación de Pensionistas de Galicia de CCOO, quien arenga a "luchar" por proteger las pensiones del futuro: "Los afectados no son solo pensionistas, repercute en todos, y los jóvenes deben movilizarse".

En términos más belicosos se expresa Manuel Santiso, secretario general del sindicato comarcal de UXP-UGT de A Coruña. "Esto es una guerra que se libra y se gana poco a poco. La gente se ha cansado de oírle decir al Gobierno de Rajoy buenas palabras, que la vida va mejor y que la economía está bien, pero las pensiones apenas suben. Los mayores son mayores pero no son tontos", se queja.

Solo catorce concellos de A Coruña tienen una paga por retiro superior a los mil euros. El importe de esta pensión y los de las demás no contributivas son insuficientes, protestan los sindicatos, pese a que en concreto las medias coruñesas, entre las más altas de la provincia, puedan hacer pensar que sus jubilados perciben una prestación adecuada. "Una cifra es la media, pero por debajo de la media hay pensionistas que lo pasan mal, que son más numerosos que los que reciben las pagas más altas que suben la media. El porcentaje de quienes tienen una pensión de unos 400 euros es alto y conozco casos de pagas de viudedad de 300 euros y de incapacidad de 280", explica Santiso.

Los casi 761.000 pensionistas de Galicia tienen derecho, con la discutida revalorización del 0,25%, a una pensión media de 786,65 euros. Este aumento equivale a que los 26.000 perceptores de la pensión máxima -en 2018 sube a 2.580 euros- solo obtendrán unos 90 euros más este año, frente a los 21 euros anuales de media que sumarán los 237.000 con paga mínima de 788 y 639 euros, según tengan cónyuge a su cargo o no. Los jubilados de las provincias de A Coruña y Pontevedra, con actividad económica e industrial más relevante y población con cotizaciones altas, tienen una prestación media que supera los 950 euros, mientras que los de Lugo y Ourense se apañan con pensiones que no consiguen superar los 800 ni los 750 euros respectivamente.

"La mayoría de mayores en Galicia tiene buena calidad de vida. Hay pensiones altas y pensiones bajas, lo que es indigno es el importe de quienes las tienen bajas", opina el presidente de la Sociedad Gallega de Gerontología y Geriatría, Miguel Ángel Álvarez. Advierte de que entre los pensionistas hay sectores más castigados que otros, como las viudas de avanzada edad con problemas de movilidad y los mayores enfermos, y critica las deficiencias de la atención a domicilio y los servicios de teleasistencia.

Las protestas de las movilizaciones ciudadanas por una revalorización justa de las pensiones han dado su fruto provisional, del que dudan bastante los sindicatos. A mediados de marzo el Congreso de los Diputados celebró un pleno monográfico tras el cual el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, prometió una subida de las pensiones mínimas y de viudedad del 2%, aunque vinculadas a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Una semana después, con retraso y en vísperas de un año electoral, el Ejecutivo ha aprobado unas cuentas que aún tendrán que pasar por el Congreso y que recogen una mejora de las prestaciones mínimas y no contributivas de hasta el 3% y rebajan impuestos.

"No es una medida global y quedan pensionistas fuera de la subida, como los que cobran menos de 18.000 euros al año. Seguiremos reclamando la rebaja fiscal del IRPF", comenta Mella. "Esa subida es pan para hoy y hambre para mañana. Un engaño, porque se revalorizan las pensiones más altas pero no las más bajas. Si la economía sube al 3%, ¿por qué las pensiones lo hacen al 2%? No aprobamos que el incremento se haga a través de los presupuestos, se tiene que hacer por ley y quedar definido el futuro de las pensiones, no solo lo que se hará este año. Y mientras, el Pacto de Toledo está bloqueado por el PP y Ciudadanos", protesta Santiso.