La Valedora do Pobo ha intervenido en el conflicto entre la Asociación Coruñesa de Waterpolo y Gaia por el acceso a las piscinas de Elviña, A Sardiñeira y Agra do Orzán que se remonta ya a septiembre de 2014. Milagros Otero Parga, a través de un escrito, insta a la Fundación Deporte Galego, presidida por José Ramón Lete Lasa, a investigar los hechos que llevaron a la empresa concesionaria a romper de forma unilateral el convenio para el uso de las instalaciones y le recuerda "la obligación de la administración de cumplir escrupulosamente con las normas que rigen los procedimientos". Por último recomienda "que se adopten las medidas necesarias por parte de la Fundación Deporte Galego para dar cumplimiento con sus deberes legales y dé respuesta a los escritos y solicitudes presentados por el representante" de la ACW, Carlos Cayado.
En septiembre de 2014, la ACW presentó un acto de conciliación contra la compañía en la que denunció que desde el 31 de julio no podían acceder a las instalaciones porque Gaia había decidido rescindir, por propia cuenta y sin previo aviso, el convenio vigente desde 2011. Solicitó por ello 3.385 euros por los daños causados además de que se le permitiera de forma inmediata el uso de los espacios públicos. Sin embargo, El Juzgado de Primera Instancia número 4 de A Coruña desestimó la demanda en base a que el convenio podía ser denunciado unilateralmente con un mes de antelación, como hizo la empresa.
Gaia justificó su decisión para "garantizar el confort y las prestaciones de los servicios de los complejos a los abonados y usuarios", aunque acto seguido firmó un convenio nuevo con el Club Natación Coruña en el que se le ofrecían "más días, más horas y más espacio", según denuncia la ACW. La única solución que se ofreció a los integrantes del equipo, que llegaron a entrenarse en la playa de San Amaro, fue su traslado a la piscina del Liceo, por la que pagan 40 euros al mes y cuyas características no son las mejores para esta disciplina: "Les llega el agua por la barriga".
