Todo vale. Ese parece ser el lema de la campaña electoral de los, cada vez más, dirigentes políticos que utilizan su cargo para enriquecerse. Alcaldes, concejales y diputados provinciales de todos los colores políticos están salpicados por algún escándalo de corrupción. Hasta un total de 86 causas tiene abiertas la Justicia gallega contra cargos públicos, la mayoría contra dirigentes del PP (46) y cerca de la mitad en la provincia de Pontevedra (34). Las investigaciones abiertas en Galicia, según los datos difundidos ayer por la Fiscalía Superior, suponen un 11,8% de los 730 procedimientos abiertos en España contra cargos públicos.
La Fiscalía gallega no pudo concretar el número de los políticos denunciados, investigados o imputados en la comunidad, al ser un dato "difícil de precisar", aunque es evidente que la cifra es muy superior al de causas abiertas al implicar a varias personas. Uno de los ejemplos es el caso reciente del Concello lucense de Castro de Rei, donde fueron arrestados el alcalde, el socialista José Díaz Valiño, junto a dos ediles del PSdeG y un tercero de Terra Galega.
Ningún partido político es ajeno a las investigaciones por supuestos delitos de prevaricación o tráfico de influencias. Según informó ayer la Fiscalía gallega, de los 86 asuntos tramitados por el Ministerio Público o ya judicializados un total de 46 afectan a dirigentes del PP gallego. Contra cargos públicos del PSdeG-PSOE, hay abiertas un total de 30 causas y contra líderes del Bloque, ocho. Los partidos minoritarios tampoco se salvan. Terra Galega se enfrenta a una investigación y los independientes a otra.
"Como ven, hay de todo. En el Partido Popular, en el Partido Socialista y en otros partidos". Así daba a conocer el miércoles el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, los 730 asuntos abiertos contra partidos políticos por casos de corrupción, entre procedimientos judiciales y diligencias de investigación.
A la vista de los datos difundidos ayer por la Fiscalía gallega, la corrupción ha corrompido a más dirigentes en las provincias de Pontevedra y Lugo que en las de A Coruña y Ourense. En el caso de Pontevedra, de las 34 causas abiertas, 24 son contra cargos del PP, seguidos del PSOE (8), BNG (1) y independientes (1). En la provincia de Lugo, hay 29 investigaciones por corrupción en marcha -13 contra dirigentes del PP, 11 del PsdeG, cuatro del BNG y 1 de Terra Galega-.
En A Coruña hay en marcha un total de 15 investigaciones contra políticos -tres de ellos del PP, nueve del PSdeG y los tres restantes del Bloque-. Estos datos sitúan la provincia de A Coruña como la única en Galicia con más causas abiertas contra políticos del PSdeG, mientras que en el resto es el PP el que tiene más procedimientos por corrupción. Por áreas judiciales, en la de A Coruña sólo hay un político popular investigado, frente a los cuatro socialistas. En Ferrol, son tres los dirigentes del Bloque que se enfrentan a la Justicia por corrupción, otros tres del PSdeG y dos del BNG. En el área judicial de Santiago, las dos únicas causas abiertas afectan a políticos del PSOE.
A la cola del número de investigaciones contra políticos supuestamente corruptos está la provincia de Ourense, con ocho procedimientos abiertos -seis contra cargos públicos del PP y las dos restantes contra dirigentes del PSdeG-.
Los datos de la Fiscalía gallega incluyen otras 10 denuncias genéricas por delitos contra el medio ambiente y el urbanismo contra ayuntamientos de A Coruña.
En una reciente entrevista a LA OPINIÓN, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, fijaba como una de sus prioridades la lucha contra la corrupción urbanística. Con el objetivo de reforzar la investigación de los delitos contra el territorio, la Fiscalía gallega reclamó hace ya un año al Gobierno central la creación de una policía especializada para los casos de urbanismo, medio ambiente y territorio. En esa lucha contra la corrupción urbanística, el fiscal superior también quiere implicar a los concellos y a la Xunta.
Según advertía Carlos Varela, una de las causas que explica "no pocos casos de impunidad urbanística" está en el debilitamiento de las competencias de control municipal. El fiscal superior alertaba de que secretarios, interventores y tesoreros municipales deben jugar un papel clave en el control interno de la gestión urbanística, a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales. Pero su papel es cada vez menor y los casos de corrupción urbanística van a más.
En el caso de la Administración autonómica, el fiscal superior de Galicia emplazó a la Xunta a reforzar los mecanismos de control a través de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, creada a finales de 2007 por la Consellería de Política Territorial con el objetivo de evitar irregularidades y distorsiones en los usos sociales del suelo.
