El efecto Marbella se extiende a Galicia. El boom urbanístico de los últimos años sitúa a Galicia entre las comunidades más afectadas por la marbellización de su territorio. Decenas de ayuntamientos gallegos están bajo sospecha y, con ellos, más de un centenar de alcaldes, concejales y diputados provinciales. De las 86 investigaciones que tiene en marcha la Fiscalía Superior de Galicia contra políticos en la comunidad, la gran mayoría están relacionadas con delitos urbanísticos.
Oleiros, Gondomar, Nigrán, Castro de Rei, Cospeito, Barreiros, Foz... En ayuntamientos de todos los colores políticos, alcaldes y ediles se han visto salpicados por algún escándalo de corrupción. Hasta 86 causas tiene abiertas la Justicia contra cargos públicos en Galicia. Según explicaron ayer fuentes de la Fiscalía gallega, 17 de estas investigaciones están directamente relacionadas con delitos contra la ordenación del territorio. Pero además otras 27 pesquisas se refieren a delitos de prevaricación que podrían derivar en delitos contra la normativa urbanística. Las siguientes investigaciones más frecuentes que afectan a cargos públicos gallegos son siete por delitos contra el medio ambiente y otras siete por malversación de fondos públicos. Las restantes se refieren a patrimonio histórico, cohecho, delito electoral o cohecho.
Según explicaron desde la Fiscalía gallega, la tipificación de los dos grupos de investigaciones más números abiertas a políticos en Galicia -prevaricación y y delitos contra la ordenación del territorio- podría ir evolucionando en función de las averiguaciones, ya que algunas de las investigaciones todavía están en una fase preliminar.
Balance
Malaya, Gürtel, Palma Arena o Pretoria. Son las tramas urbanísticas más recientes que sacaron a la palestra a alcaldes, ediles, funcionarios, empresarios e incluso presidentes autonómicos. En Galicia, haberlas hailas.
Una de las últimas operaciones contra cargos públicos en la comunidad fue la practicada en el ayuntamiento lucense de Castro de Rei, de apenas 5.800 habitantes. Fue hace un mes cuando la Policía Nacional arrestó al alcalde, el socialista José Díaz Valiño, y a tres concejales -dos del PSdeG y uno de Terra Galega-. La de Castro de Rei es una de las 86 causas abiertas por la Fiscalía gallega a cargos públicos, la mayoría del PP (46) y PSdeG (30). El Bloque está implicado en otros ocho expedientes, Terra Galega en uno y los independientes en otro.
Los datos de la memoria de la Fiscalía del año pasado revelan un descenso de las denuncias de urbanismo en un 31%. La crisis del sector de la construcción, según apuntó el fiscal superior, Carlos Varela, en la presentación de la memoria de 2008 es la principal causa de este descenso en los delitos urbanísticos. Pero además, en 2007 tuvo especial incidencia en el repunte de las denuncias urbanísticas la celebración de las elecciones municipales. Y es que cada vez que se aproxima una cita con las urnas, tal y como reflejan los balances de la Fiscalía, las diligencias en materia de urbanismo se disparan.
