El conselleiro de Presidencia, Administración Pública y Xustiza, Alfonso Rueda, ha dicho hoy que la administración autonómica se marcó el plazo de 18 meses para completar el diseño para el funcionamiento en la segunda fase de la implantación en Galicia de la Oficina Judicial y Fiscal.

Alfonso Rueda, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza, Miguel Ángel Cádenas, y el fiscal superior, Carlos Varela, participaron hoy en la constitución de la Comisión Autonómica para la implantación de la nuevas oficinas judiciales.

Esta oficina está ya funcionando en Santiago con un buen resultado, según el responsable de Presidencia, quién aseguró que en breve se va a abrir otra en A Coruña. "Nuestra intención es -agregó- ir extendiéndola al resto de Galicia".

Tanto Alfonso Rueda como Carlos Varela declararon que la implantación de la oficina esta siendo muy eficaz en la solución de conflictos y para la descarga de trabajo en los juzgados.

También destacaron el funcionamiento de los programa informáticos Senda y Fortuni, para agilizar el trabajo y para, afirmó Carlos Varela, "eliminar el papeleo de la administración de justicia".

"Estamos creando los elementos y los pilares para la justicia del siglo XXI. Esta reunión tiene esa finalidad, mejorar todos los mecanismos de respuesta para situarnos en el nuevo diseño de la Justicia en nuestra comunidad", afirmó Carlos Varela.

En relación con la posible creación de nuevos juzgados para atender la violencia de género en Galicia, Alfonso Rueda recordó que es el Ministerio el que tiene que hacerlo y subrayó que se acaba de denegar el que se solicitó para Pontevedra y su comarca, "aunque", admitió, "lo volveremos a pedir cuando toque" para esta ciudad y para otras.

En relación con la posible imputación de dos jefes de brigada que actuaron en el incendio forestal de Fornelos de Montes en los que fallecieron dos trabajadores, por el que se investiga un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, Rueda declaró que la Xunta dice lo mismo que entonces, pide el máximo reconocimiento a los dispositivos de extinción y a su profesionalidad.

"A partir de ahí cualquier asunto que esté en vía judicial son los jueces y los fiscales los que tienen competencias y los que deben actuar. La Xunta dio los pasos que tenía que dar en su momento", advirtió.

En el mismo sentido Carlos Varela reconoció la investigación para determinar el grado de responsabilidad en la gestión de ese servicio de extinción, "pero ahora no podemos decir nada, porque se está tratando de delimitar las responsabilidades a las que hubiera lugar".

También aseguró que imputación significa que se está investigando y para ello se le otorgan garantías jurídicas a quienes aparecen como imputados, pero no hay nada más hasta que exista una sentencia judicial.