El portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Pedro Puy, aseguró ayer que los populares gallegos no comparten la propuesta realizada por la secretaria general de su partido y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de suprimir entes consultivos o de fiscalización como el Consejo Económico y Social (CES) o el Defensor del Pueblo, pero reconoce el "derecho" otorgado por las urnas y por el poder autonómico para que lo haga. Puy recordó que en Galicia se ha apostado por este tipo de órganos y destacó la unificación en un único ente del Tribunal Galego da Competencia y del Servizo Galego de Defensa da Competencia, como fórmula "eficaz y con menor coste".
Los grupos de la oposición ven en la medida de Cospedal un temor a la fiscalización y, en este sentido, la viceportavoz del BNG, Ana Pontón, explica que lo que les molesta es que existan órganos que funcionen como "contrapoder", lo que consideran una "demolición de la calidad democrática del Estado". Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario del PSdeG, Abel Losada, ha vinculado el cariz de las quejas que se recogen e comisionados como el Valedor do Pobo, en el que quedan "reflejados los recortes presupuestarios", con el hecho de que el PP intente "recortar y suprimir este tipo de instituciones".
