La aspiración gallega de mantener a partir de 2014 gran parte de la inyección económica que lleva años recibiendo de Bruselas superó ayer un nuevo obstáculo. El comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn, y el responsable de Empleo, Lázló Andor, presentaron los nuevos reglamentos que guiarán la política de cohesión de la UE durante el próximo ejercicio económico y anunciaron que entre ellos se incluirá una nueva categoría de ayudas para regiones "en transición" que, aunque han dejado de ser prioritarias, todavía están lejos de igualar la renta europea.

En este nuevo grupo -pensado para territorios que se muevan entre el 75% y el 90% del PIB de la UE- encaja Galicia, que junto con Andalucía y Castilla-La Mancha, perderán la categoría de objetivo convergencia a partir de 2014. Para estas regiones "en transición", la CE propone reservar en los próximos presupuestos un total de 38.900 millones de euros de los que a Galicia le corresponderían unos 3.500 millones de euros, es decir, dos terceras partes de los fondos que tiene asegurados de aquí a 2013. La UE financiará como máximo el 60% de los proyectos de las regiones en transición y el resto correrá a cargo de las propias regiones.

La propuesta recoge la demanda de la Xunta de un "aterrizaje suave" para aquellas zonas europeas que, como Galicia, dejarían de percibir de golpe un enorme caudal de dinero que durante años ayudó a financiar algunas de sus principales inversiones. Pero también comunidades como Murcia, que ya a día de hoy se beneficia de una especie de fase de transición, encajará en la nueva categoría. Eso sí, percibirá menos subvenciones por haber abandonado antes el objetivo convergencia. La única región española que no perderá ninguna ayuda es Extremadura, que no ha alcanzado todavía el 75% de la renta europea.

Tal y como se recoge en la propuesta, los fondos de cohesión tendrán tres posibles beneficiarios: las regiones menos desarrolladas (prioritarias desde el punto de vista de la convergencia ya que su PIB per cápita está por debajo del 75 % del europeo), las regiones en transición (con una renta entre el 75 % y el 90% de la media) y las más desarrolladas (con un PIB superior al 90%). Hahn explicó que dos tercios de los fondos de la política de cohesión (que absorberá 376.000 millones de euros, más de un tercio de todo el presupuesto europeo) se destinarán a la primera categoría, las regiones más desfavorecidas, mientras que el resto se repartirá entre las otras dos.

La Comisión Europea anunció su disposición a crear una categoría de regiones transitorias cuando presentó, a finales de junio, el presupuesto para 2014-2020, una propuesta que el Parlamento Europeo ratificó al mes siguiente. Pero su respaldo explícito ayer a la demanda de Galicia y otras regiones no garantiza aún que vaya a haber ayudas transitorias a partir de 2014.

Los criterios para repartir los presupuestos del periodo 2014-2020 tendrán que recibir el visto bueno del Parlamento y los gobiernos comunitarios, que empezarán a discutir ahora las propuestas del Ejecutivo europeo, una negociación que podría durar 18 meses. Pese a que el Gobierno español considera positiva la propuesta, los contribuyentes netos a las arcas de la UE, liderados por Reino Unido, Francia y Alemania, se resisten a acatar un aumento de los fondos destinados a las regiones más pobres. El Gobierno galo quiere conservar intactas las ayudas de la política agrícola común y ya ha sugerido para ello que se recorten las ayudas regionales.

Ante la amenaza de que Bruselas cortase de repente el grifo de las ayudas comunitarias a las regiones que dejan de ser objetivo convergencia, la Xunta lleva años trabajando en un plan B para tratar de garantizar que Galicia pudiese seguir recibiendo otro tipo de fondos. Con este objetivo, impulsó la creación de una nueva macrorregión ibérica en alianza con Castilla y León y el norte de Portugal en septiembre de 2010. Además, de la mano de sus vecinos lusos, la Xunta también aspira a incrementar la captación de fondos comunitarios a través de la Eurorregión, la primera que se constituyó en Europa y con la que ambos gobiernos buscarán financiación para proyectos transfronterizos.

Ambas vías servirán para compensar la pérdida de fondos europeos que, en cualquier caso, tendrá que asumir Galicia a partir de 2014 ya que en el actual periodo presupuestario (2007-2013) la inyección europea ascendió a 5.330 millones.

Por otra parte, la portavoz del BNG en la Eurocámara, Ana Miranda, denunció ayer que el PP votó en contra de una iniciativa de los grupos nacionalistas y de izquierdas a favor de incluir la categoría "naciones y territorios en transición" en beneficio de regiones como Galicia.

No todo fueron ayer buenas noticias para España. A pesar de que, en contra del criterio de algunos países, el Ejecutivo comunitario apoyará la creación de ayudas transitorias para regiones como Galicia, las propuestas de la CE también recogen otra medida que podría poner en riesgo la percepción de estos fondos. Para prevenir futuras crisis de deuda dentro de la Unión, la Comisión Europea ha propuesto congelar las ayudas regionales a los países expedientados por tener un déficit excesivo y que no apliquen las recomendaciones de la UE para corregir la situación

El Ejecutivo comunitario atiende así una de las propuestas formuladas en agosto por la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, poco después de que el Banco Central Europeo empezara a comprar deuda italiana y española. El comisario de Política Regional, Johannes Hahn, aseguró que la congelación de los fondos estructurales y de las ayudas al sector pesquero es una medida complementaria a las nuevas multas de hasta el 0,2% del PIB recién aprobadas para los países incumplidores. Pero solo se aplicará "como último recurso" y, según defendió, no supone una "contradicción" con el objetivo prioritario de "ayudar al desarrollo de las regiones".

La medida afectaría especialmente a España, el segundo país que más se beneficia de los fondos estructurales después de Polonia, que ya expresó el año pasado su oposición a una idea planteada tras el primer rescate a Grecia.

Además de las sanciones, Bruselas propone reservar un 5% del presupuesto de cohesión para premiar a las regiones que usen mejor los fondos.