A punto de cumplirse el noveno aniversario del accidente, la instrucción del caso Prestige toca a su fin. A finales de la semana pasada el juez de Corcubión que instruye la causa emitió un auto declarando en rebeldía al primer oficial del petrolero, Irineo Maloto, en busca y captura desde hace varios años y al que se le imputa un delito contra el medio ambiente por el papel que jugó en la catástrofe. Pero la decisión del juez instructor, un trámite necesario para poder avanzar en el procedimiento, no satisface a todas las partes implicadas.

La Abogacía del Estado, que además de defender al exdirector general de Marina Mercante, José Luis López-Sors, también acusa al capitán del buque, Apostolos Mangouras, al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y al propio Maloto, acaba de presentar un recurso de reposición contra el último auto del juez. Corcubión se ha apresurado a trasladar a todas las partes el escrito en el que el Gobierno muestra su oposición a que Irineo Maloto sea declarado en rebeldía para que puedan presentar sus alegaciones. Tras valorar todos los argumentos, el juez instructor deberá tomar una decisión sobre el recurso pero si se cumplen los plazos legalmente establecidos, ésta no se producirá antes de 10 días hábiles lo que impedirá que la causa del Prestige se traslade por fin a la Audiencia de A Coruña antes del mes de noviembre.

El argumento principal de los abogados del Estado para justificar este recurso, según explican fuentes próximas al Gobierno, es que dicha declaración, que implica que Maloto ya no podrá ser condenado por su responsabilidad en el accidente en este juicio, debería haberse producido tras hacer "más averiguaciones" para localizarle. La Interpol tenía una orden de búsqueda y captura contra el marino filipino desde hacía varios años pero todos los intentos por averiguar su paradero resultaron infructuosos. Maloto no vive en la dirección que dejó en el juzgado de Corcubión cuando declaró tras el accidente y ni siquiera los abogados que lo representaron entonces volvieron a tener noticias suyas, lo que hizo imposible citarle para el juicio.

Declararle en rebeldía implica que los esfuerzos por localizarle no han tenido éxito y permite avanzar en la instrucción respetando la legalidad, por lo que todo indica que el juez desestimará el recurso. Fuentes próximas al caso, con todo, niegan que el desacuerdo de la Abogacía del Estado con la forma en la que se ha llevado la búsqueda del primer oficial suponga un nuevo revés en el caso o vaya a dilatar el cierre definitivo de la instrucción. El recurso no tiene carácter suspensivo de forma que el instructor podrá seguir avanzando en los últimos trámites para poder trasladar la causa a la Audiencia Provincial. De hecho, aunque el paradero de los dos oficiales declarados en búsqueda y captura era el principal quebradero de cabeza del juzgado de Corcubión a principios de año, fuentes judiciales explican que aún quedan "algunas cuestiones menores" que es necesario resolver para poder dar carpetazo a la instrucción.

Entre los flecos pendientes figuran algunos detalles relacionados con la pieza separada de responsabilidad civil o la comisión rogatoria remitida a Grecia hace más de un año para notificarle la apertura del juicio oral, un trámite obligatorio al que la Justicia helena todavía no ha respondido y que el juez tendrá que dar por negativa para poder continuar con el procedimiento. Pero Corcubión también tendrá que resolver en los próximos días cuestiones logísticas, ya que la causa se compone de al menos 400 tomos que deberá empaquetar y trasladar cuando se desvincule del caso.

El cierre definitivo de la instrución, según fuentes judiciales, "está cerca" y la tramitación del recurso de los abogados del Estado no retrasará el auto de traslado a la Audiencia Provincial, que deberá fijar la fecha para el macrojuicio.

2012 podría ser el año del impulso definitivo al caso Prestige. Además del macrojuicio en la Audiencia de A Coruña para dilucidar las responsabilidades penales por el accidente, el año que viene también podría celebrarse otro proceso judicial de carácter civil. La querella interpuesta en Estados Unidos por el Gobierno español contra ABS, la empresa que certificó que el Prestige reunía las condiciones mínimas para poder navegar, podría reactivarse este otoño. Tras dos aplazamientos consecutivos, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York ha fijado para el 14 de noviembre la vista oral en la que evaluará los argumentos del Gobierno en contra de la decisión de la jueza Taylor Swain de archivar la querella al entender que España no puede exigir responsabilidades a la certificadora porque ésta actuó contratada por la naviera. Esta vista será la última oportunidad de España para convencer a la Justicia estadounidense de que ABS cometió una "grave negligencia" al permitir que el Prestige abandonase en 2002 el puerto de San Petersburgo cargado con 77.000 toneladas de fuel y su mejor baza para conseguir que alguien solvente se responsabilice de los millonarios daños que causó el petrolero. De hecho, reclama a la certificadora una indemnización de 714 millones de euros. El fallo definitivo, con todo, tardará semanas en hacerse público. Fuentes de Abogacía del Estado calculan que el Tribunal de Apelaciones no tomará una decisión "al menos hasta diciembre" aunque si el fallo favorece los intereses españoles, confían en que el juicio en 2012 "sería relativamente rápido".