Setenta millones más que el año pasado. La Xunta cerrará 2011 con un incremento en 70 millones en su recaudación fiscal, y esta partida no se explicará por una subida de los impuestos, sino porque la Consellería de Facenda se ha puesto las pilas para que todos los ciudadanos cumplan con sus obligaciones. Una mayor presión sobre el contribuyente ha alimentado las arcas autonómicas con 70 millones de euros a mayores. ¿Cómo ha sido posible? Incentivando a los recaudadores con pluses económicos y con un mayor control para que todos paguen y para que la Xunta pase los recibos, pues fuentes de Facenda admiten que hay casos en que los ciudadanos no cometen fraude fiscal, sino que es la Administración la que no notifica el cobro de un impuesto.
Las bonificaciones para quien cobre más impuestos ha dado un excelente resultado: 40 millones de euros más, explican desde el Gobierno de Feijóo. En Galicia hay 42 oficinas liquidadoras de distrito hipotecario a cargo de los registradores de la propiedad que tienen la encomienda de la Xunta para la aplicación, revisión o ejercicio de la potestad sancionadora en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Hasta ahora estas oficinas suscribían un contrato con una remuneración fija por su labor. Todo cambió a comienzos de este año, el Ejecutivo de Feijóo acordó que las oficinas cobrarían en función del cumplimiento de objetivos. Así si superan los propósitos que le han sido fijados, reciben bonificaciones, y si no los alcanzan son penalizados.
El cambio de operativo ha resultado, y los empleados de las 42 oficinas de registro de la propiedad (13 en A Coruña, 10 en Lugo y 10 en Ourense y 9 en Pontevedra) han batido récords de recaudación. El contrato por objetivos tiene vigencia hasta 2012, pero dados los óptimos resultados es seguro que se repetirá el modelo.
Los trabajadores de los registros de la propiedad no son los únicos que redoblan esfuerzos. Los funcionarios de la Xunta también han puesto más celo y una mayor presión sobre el contribuyente se traduce este año en 30 millones de recaudación más. El objetivo es perseguir al que no quiere pagar, pero también supervisar que la Administración está al día y pasa los recibos a todos a quienes corresponde.
Incrementar en 70 millones de euros la recaudación fiscal en plena crisis económica no es cuestión baladí. Para paliar los efectos de los recortes, la Xunta intenta que nadie evada su deber de pagar impuestos, pero acuciada por la necesidad de incrementar sus fondos también ha decidido que el año que viene dará luz verde a nuevas tasas y sanciones y encarecerá otras que le permitirán ingresar 10,4 millones de euros adicionales.
Esta política no ha sido bien recibida y así el Consello Económica e Social ya reprochó en su dictamen sobre esta futura norma, ahora en tramitación en el Parlamento, "la subida general e inoportuna" de tributos en plena crisis que es "una carga más para familias y empresas en un momento en que las dificultades que atraviesan hablan por sí solas".
Para incrementar sus ingresos, el Gobierno de Feijóo además ha acordado encarecer matriculaciones y servicios públicos varios, con lo que 'engordará' sus arcas un 27% más que el año pasado. ¿Cómo? Subiendo las matrículas de los conservatorios, las entradas a museos o la entrada a residencias de tiempo libre.
Otro modo de alimentar la hucha de la Xunta en un momento de asfixia económica ha sido la actualización este verano de la orden de precios medios de mercado para los bienes inmuebles, que ha supuesto de media una subida del 30% del precio de referencia de las viviendas, y en consecuencia en el momento de comprar o heredar un inmueble, una factura más abultada en la parte impositiva, pues estos nuevos precios medios fijados por Facenda se aplican para el impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y a la de sucesiones y donaciones.
Los empleados de las oficinas de distrito hipotecario, más conocidas como registros de la propiedad, no son los primeros que reciben un plus si incrementan la recaudación fiscal de la Xunta.
Desde 1997, Galicia cuenta con cinco funcionarios en excedencia que se encargan de los cobros de impuestos en vía ejecutiva (cuando al contribuyente se le pasó ya el plazo voluntario para el pago) y reciben incentivos si logran que se ejecute el pago, pero también penalizaciones si las deudas prescriben. Con esta modalidad, la Xunta ya consigue ingresar el triple entre los contribuyentes más morosos.
Estos recaudadores no son trabajadores públicos convencionales, pero a efectos operativos dependen de la Consellería de Facenda. Son funcionarios de carrera de la escala superior de finanzas de Galicia o del cuerpo de inspectores del Estado y, si viene de la escala técnica, deben contar con una antigüedad de cuatro años, el diploma de aptitud del recaudador y carecer de sanciones abiertas.
Los candidatos solicitan una excedencia en estas funciones y se presentan a un concurso público específico convocado por la Xunta.
Estos cobradores ganan más o menos en función de su rendimiento. Son penalizados si no consiguen cobrar las deudas, y si se demuestra que una queda prescrita por un retraso en los trámites, son sancionados con el importe total de la deuda.
Las bonificaciones también son elevadas. Ganan como sueldo base casi 43.000 euros anaules , y si la recaudación asciende a 600.000 euros se llevan el 20%, un porcentaje que empieza a bajar cuanto más abultada es la cifra.
