Tres meses después de que la Xunta aprobase un duro plan de ajuste para recortar 80 millones en empleo público, el colectivo de funcionarios acaba de solicitar la intermediación del Parlamento ante las "graves" irregularidades detectadas en la contratación de asistencias técnicas para trabajos que, según dicen, podrían estar realizando empleados de la Administración. Pilar de Celis, presidenta de la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Xunta, explica que en los últimos meses no han dejado de recibir denuncias de funcionarios "que trabajan y comparten despacho con gente contratada mediante asistencias técnicas", una práctica "cada vez más frecuente pero inaceptable", critica, en un momento en que la Xunta puede acordar la reducción en hasta un tercio de la jornada del personal temporal e interino y el conjunto de los empleados públicos está sufriendo "severos recortes".
El último caso, según denuncia, se destapó con el traslado de la Secretaría Xeral do Mar a San Caetano, donde en estos momentos "convive personal propio de la Xunta y de, por lo menos, cinco asistencias técnicas que ya prestaban servicios" en ese departamento antes de su traslado. Esta situación -que De Celis asegura haber denunciado en abril ante la conselleira pero que fuentes de Medio Rural aseguraron ayer no haber recibido- constituye una "clara irregularidad" que "posibilita, a través de la vía judicial, el acceso a la administración por la puerta trasera de amigos y familiares". Pero, además, denuncia, "incrementa los gastos de personal externo recurriendo a empresas como Tragsa para realizar funciones propias de empleados públicos con un coste tres o cuatro veces mayor". Las denuncias crecientes sobre el recurso a la externalización para trabajos que, en la práctica, podría realizar personal de la Xunta llevó a la Junta de Personal de San Caetano a finales de 2011 a solicitar por escrito a todas las consellerías una relación de los servicios contratados a asistencias técnicas, indicando número de trabajadores, importe de la adjudicación así como si prestan servicios en instalaciones propias o en las de las Consellerías. Tan solo respondieron Medio Rural y Traballo, aunque, según De Celis, para negar dicha externalización. "Siempre ha convivido en la Xunta personal funcionario con gente de empresas externas pero aún siendo un problema viejo, ahora es más sangrante porque están externalizando trabajo estructural al tiempo que recortan personal propio", argumenta Pilar de Celis, que "ante el oscurantismo de la Xunta" apela a los grupos parlamentarios para recabar los datos que le faltan para poder hacer un estudio exhaustivo del peso real de este tipo de asistencias.
