Ganancias sospechosas y pinchazos

El Grupo Vendex y las supuestas contrataciones irregulares de varios concellos, entre ellos los coruñeses de Boqueixón y Santiago, son el núcleo de una trama que suma 50 implicados

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La juez Pilar de Lara.
La juez Pilar de Lara. 

S. OTERO| SANTIAGO El pistoletazo de salida de la operación Pokemon fue el jueves a las ocho de la mañana, con registros e incautación de documentación en los ayuntamientos de Ourense, Lugo, Santiago y Boqueixón; en los despachos de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y en las oficinas de A Coruña, Santiago y Ourense del Grupo Vendex, que a través de varias filiales tiene concesiones de la ORA y la grúa en varios ayuntamientos gallegos (A Coruña, Ourense y Lugo, entre ellos), además de hacerse cargo de los servicios de limpieza de escuelas y dependencias municipales o atención a mayores en Boqueixón.

El arranque de la operación fue muy mediático, con la detención de 13 personas el primer día, entre ellos, los alcaldes de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez, y el de Boqueixón, Adolfo Gacio (del PP), además de funcionarios de Lugo y Santiago, el presidente de la Confederación Hidrográfica, Francisco Fernández Liñares (exconcejal socialista de Lugo) y varios cargos del entramado empresarial de Vendex (con 30 sociedades), en el punto de mira de la trama. Un mes antes de las elecciones el despliegue sorprendió sobremanera a los partidos políticos, además de a familiares y vecinos de los detenidos, bajo la batuta, con mano dura y sin temblarle el pulso (como en anteriores ocasiones) de la juez lucense Pilar de Lara. En resumen, unos 50 involucrados en una trama en la que se investigan contrataciones supuestamente irregulares de servicios (Grupo Vendex) en varios ayuntamientos gallegos o pago de comisiones, así como presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación de fondos, cohecho, falsedad documental, fraude y tráfico de influencias. Un sinfín de protagonistas, vinculados la práctica totalidad de ellos en algún momento con el Grupo Vendex a través de Doal (concesionaria de la ORA) o Sermasa, más centrada en contratos de limpieza.

Son las piezas de un puzle que saltó a la luz pública esta semana y que habrá que atar. No obstante, la investigación del caso se remonta al menos dos años atrás, periodo durante el cual De Lara tira del hilo y trata de desentrañar una telaraña que parte de un nido: la llamada operación Carioca. Uno de los detenidos en la trama de prostitución descubierta por la jueza, el funcionario lucense Javier Manuel Reguera Pérez, así como el empresario Manuel Santiso González, parece ser clave en el origen del caso Pokemon. Tras Carioca, De Lara pidió al Servicio de Vigilancia Aduanera una investigación sobre los dos implicados en un presunto delito de blanqueo ante el sospechoso aumento de sus bienes.

Según lo que ha trascendido sobre las causas iniciales, a la jueza le llamarían la atención las abultadas cuentas personales y las ganancias en poco tiempo de uno de los ahora detenidos, Javier Manuel Reguera, que trabajó de operario de la ORA en el Concello de Lugo, para pasar a ser funcionario y ocupar cargos en Doal, la filial de Vendex centrada en los servicios de ORA y grúa en Lugo, A Coruña y Ourense. Reguera, que ganó importantes cantidades comprando y vendiendo propiedades, fue un vínculo clave partiendo de Carioca para llegar a Vendex y destapar Pokemon.

Además de las sospechas por operaciones inmobiliarias y rentas personales, los pinchazos telefónicos ordenados por la jueza al gerente de Vendex, Adrián Cordero (detenido también), aportaron a De Lara otro nombre supuestamente clave en la trama, el alcalde de Ourense. Tras horas de declaraciones, ahora queda un intenso procedimiento de imputaciones y libertades con o sin cargos.

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