Abogados, procuradores, jueces, secretarios, fiscales y funcionarios salieron a la calle ayer en protesta por el nuevo proyecto de ley de tasas judiciales que el Gobierno central se propone aplicar a principios del próximo año. Contra una "Justicia de ricos y pobres" y lo que consideran "el recorte de derechos más grave de la democracia", el Consejo de la Abogacía Gallega promovió ayer 45 concentraciones en la comunidad. El objetivo de las protestas: evitar que cuatro de cada diez ciudadanos desistan de recurrir ante un juez por tener que pagar ya en primera instancia.
¿En qué se traducirán para el ciudadano estas nuevas tasas judiciales? Dos ejemplos bastan para entender el alcance del modelo impulsado por el Ministerio de Justicia: quienes quieran presentar una apelación deberán desembolsar 800 euros mientras que para un recurso por una multa de Tráfico de 300 euros, la tasa será de 200 euros.
"Va a haber una Justicia para ricos y el pobre tendrá que arrugarse", denunció ayer el presidente del Consejo de la Abogacía de Galicia y decano del Colegio de Abogados de A Coruña, Antonio Platas. La reforma judicial promovida por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, según advirtió Platas, supone "cortarle los pies a la Justicia" y provocará que "el 40% de los ciudadanos españoles no puedan acudir a la Justicia".
A la protesta de A Coruña, frente al Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) acudieron medio millar de personas, entre ellas el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, así como concejales de PSdeG y BNG. En la cabecera de la concentración, había dos pancartas, una suscrita por la Asociación Libre de Avogados de Galicia en la que se podía leer No a las tasas. Justicia para todos y otra del Colegio de Abogados de A Coruña con el lema En defensa da cidadanía, non as taxas xudiciais. Algunos de los asistentes vestían las togas y hubo gritos pidiendo la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
En rueda de prensa previa a la concentración ante la sede del TSXG, el presidente del Consejo Gallego de la Abogacía tachó de "traición" las medidas impulsadas por Gallardón. Platas recordó además que el ministro de Justicia "dijo que no elaboraría leyes sin un informe de la abogacía", por lo que calificó de "absoluta deslealtad" el proyecto de ley y de "demagógico" que Gallardón pretenda presentarlo como necesario para costear la justicia gratuita. Ante esta "gravísima restricción, inédita en la democracia, de los derechos de la ciudadanía en el acceso a la Justicia", Platas destacó que "todas las asociaciones" del ámbito judicial respalden las protestas convocadas en España, entre ellas las concentraciones convocadas para el lunes a las 12.00 horas ante las sedes judiciales. Unas movilizaciones que la abogacía no descarta repetir "todas las semanas o meses" para exigir la retirada del proyecto de ley de tasas judiciales.
Según lo expuesto por los siete Colegios de Abogados de Galicia, que coordinaron las protestas de ayer, este proyecto de ley de tasas judiciales supondrá que "va a haber una Justicia para ricos y una para pobres", como apuntó también el decano del Colegio de Compostela, Evaristo Nogueira, pues -denuncia- "vulnera absolutamente la tutela judicial efectiva". Por ello, Nogueira reclama a Gallardón, que "reflexione" antes del miércoles, día en que se llevará esta medida al Senado, porque "es uno de los mayores atentados a la Justicia desde la instauración de la democracia". A modo de ejemplo, si un trabajador quiere recurrir una sentencia en el ámbito laboral va a tener que abonar una tasa de 800 euros para poder acudir en recurso de suplicación al TSXG.
El conselleiro de Presidencia en funciones, Alfonso Rueda, intentó desmarcarse ayer del proyecto de ley de tasas judiciales impulsado por el Gobierno central. Aunque eludió pronunciarse sobre la reforma que el Ministerio de Justicia pretende aplicar a principios de 2013, Rueda adelantó que el Ejecutivo gallego no subirá las tasas judiciales en el tramo en el que tiene competencias. Es decir, el que afecta a medios humanos y materiales.
Tras la firma de un convenio con la Diputación de A Coruña y los municipios de Dodro, Rois y Padrón sobre emergencias, el conselleiro de Presidencia manifestó su respeto por las concentraciones convocadas ayer por el Consejo Gallego de la Abogacía en protesta por el proyecto del ley del Gobierno central sobre el incremento de tasas judiciales.
En cualquier caso, destacó que se alegra de que la gestión presupuestaria y económica de la Xunta permita, "al contrario que en otras comunidades" -como es el caso de la Comunidad Valenciana- que también tienen capacidad para subir tasas, que en Galicia esa circunstancia "no se va a producir".
