La recién aprobada reforma de la Ley de Costas permitirá la regularización en Galicia de 1.226 viviendas, hoteles, restaurantes, chiringuitos e industrias situados a pie de mar, de los cuales a una parte se les podrá prorrogar la concesión durante 75 años más y el resto dejarán de estar fuera de una situación de alegalidad. En total se verán beneficiadas de la nueva normativa 517 casas ubicadas en la llamada zona de dominio público marítimo terrestre -un área que tras la anterior ley de 1988 había pasado a ser propiedad del Estado y con ella todas las construcciones radicadas ahí-, y 709 negocios -21 hoteles en esta franja de terreno y en la zona de servidumbre de protección (4 y 17, respectivamente), 321 restaurantes y chiringuitos y 367 industrias-, según datos del Ministerio de Medio Ambiente.
A estas más de 1.200 ocupaciones situadas en primera línea de playa en la comunidad se suman otras 3.736 que se reparten entre infraestructuras de servicios urbanos -por ejemplo instalaciones relacionadas con el agua, gas, luz, telefonía o basuras-, de tipo dotacional -centros culturales, museos, comercios, tiendas, lonjas, instalaciones deportivas y piscinas públicas, parques, duchas en playas o puestos de vigilancia-, instalaciones e infraestructuras marítimas -puertos, obras marítimas, arrecifes artificiales o casetas- y explotaciones rurales -prados, granjas, invernaderos cultivos, canteras, explotaciones forestales o mineras-. En total, 4.962 asentamientos a pie de mar en la comunidad serán regularizados. De ellos, 351 cuentan en la actualidad con concesión y 129 extinguirán en 2018, según datos del departamento dirigido por Miguel Arias Cañete.
"La nueva ley es muy positiva para toda Galicia", reconoce Pedro Delgado, uno de los abogados de los cientos de afectados que hay en la comunidad, quien apunta que aún hay muchas personas que no saben que se verán beneficiadas. Delgado explica que "se tiene que tener en cuenta que los núcleos tradicionales que cubren zonas urbanas y rústicas de Galicia son diferentes a los que hay en el resto de España".
En el caso concreto de la provincia de A Coruña, la Ley de Costas salvará un total de 1.827 construcciones que se levantan en esa la zona de dominio público marítimo terrestre. De estas casi 2.000 ocupaciones afectadas, un total de 188 son viviendas y 333, negocios -13 hoteles (tres ubicados en esa área y diez más en la zona de servidumbre de protección (adyacente al dominio público), 133 restaurantes y chiringuitos y 187 industrias -.
En Pontevedra hay 2.908 ocupaciones en esta situación, de las que 291 son viviendas. Además, hay cuatro hoteles; 181 restaurantes y chiringuitos y 172 industrias. En Lugo, las ocupaciones en dominio público marítimo terrestre son 227, de las que 38 son viviendas; cuatro son hoteles; 7, restaurantes y chiringuitos y 8, industrias.
¿Y qué sucede con las construcciones levantadas en el resto de la zona de servidumbre? La reforma de la nueva ley también les afecta. La Xunta calcula que hay hasta 12.000 viviendas que fueron construidas antes de 1988 y que podrían ser indultadas. Las que mejor lo tienen son unas 4.000 (de las que 2.000 están en A Coruña) que se podrán beneficiar de forma directa de la nueva reglamentación. Son viviendas que, según los datos de la Consellería de Medio Ambiente, se encuentran en 71 ayuntamientos: 29 son de la provincia de A Coruña, 23, de Pontevedra y 19, de Lugo.
La legalización casi directa de esas viviendas radicadas en 255 núcleos costeros se debe a que están en concellos ya deslindados y que cuentan con un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Entre los ayuntamientos coruñeses ya delimitados están los de A Laracha, Arteixo, Betanzos, Cabanas, Carballo, Malpica, Miño, Narón, Pontedeume o Sada. Los 23 concellos de la provincia tienen afectadas, por este motivo, 82 hectáreas.
El único requisito que se pide para legalizar estas primeras 4.000 viviendas es que los ayuntamientos pidan al Ministerio de Medio Ambiente que el área de protección se rebaje de 100 a 20 metros. Tienen de plazo hasta principios de septiembre. El Ministerio dispone de año y medio para responder y si no lo hace en ese tiempo es que el dictamen es favorable.
Más complicado lo tienen las otras 8.000 viviendas afectadas por la Ley de Costas de 1988 que quedan en Galicia. Están situadas en 25 ayuntamientos que no tienen un planeamiento urbanístico. Estos concellos disponen de dos años para aprobar un PXOM y delimitar las 600 aldeas que están en la zona de dominio público marítimo terrestre.
A Juan Vázquez, uno de los dueños del Mesón O Cabazo, en la playa de Cabanas, se ha unido su problema con la Ley de Costas a que su local ardió el año pasado la víspera de Santiago.
-¿Cuál es el problema de su restaurante?
-Después del incendio, solicitamos permiso para restaurarlo ya que el perito del seguro y otro particular dicen que se puede restaurar, pero el Ayuntamiento de Cabanas nos quiere dar como ruina total.
-¿Cómo se entera de que su local está afectado por la Ley de Costas?
-El chiringuito es anterior a la Ley de Costas. La Ley de Costas es de 1988. Y a partir de ahí siempre hemos tenido problemas. Yo tengo unos derechos que son anteriores a salir la Ley de Costas.
-¿Qué le parece la nueva normativa?
-La reforma de Ley de Costas es un nuevo cachondeo. Costas me multó por pintarlo de azul con 500 euros; me multó por restaurar una columna con 75 euros, me multó por restaurar la terraza que le cayó un rayo... La nueva Ley de Costas es un parche más.
