Conde Roa denuncia amenazas del hermano de la diputada por apostar por Currás

"Luciano Prado me llama un día y me amenaza con que me van a entrar en mi casa, en su nombre y que se lo ha dicho a su amigo el juez", relató el exalcalde. La magistrada le preguntó "¿quién es su amigo juez?" y tras darle los nombres de Miguez Carballal y Vázquez Taín, el acusado respondió "que el último". Según Conde Roa, Luciano Prado le dijo: "oye, vamos a ir a por ti, te vamos a joder entre mi amigo el juez y yo, ya sabes lo que vamos a hacer, te vamos a masacrar". El exalcalde dató esta llamada de "noviembre, diciembre de 2012".

También relató que poco después le envió un SMS amenazante "a las doce de la noche": "ya te tenemos cogido y te vamos a joder la vida y te vamos a masacrar". De Lara le preguntó si las amenazas "son por el tema de la hermana". "Por el tema de la hermana y por el tema de que se le ha caído su tinglado", respondió.

Conde Roa reconoció que cuándo él es imputado "ven el cielo abierto". "El tal club era Paula Prado, alcaldesa; Ángel Espadas, de jefe de gabinete, en fin organizador del tema, y Luciano Prado, de gran intermediario municipal con su hermana en sus temas urbanísticos con unos y con otros", afirmó. Pero a continuación reconoció que "lo que tenía muy claro es que esa señora no iba a ser alcaldesa de Santiago". El exalcalde explicó que "no era una cuestión personal, simplemente era una cuestión de que su entorno, su forma de proceder, su forma de ver lo que podía ser una gestión municipal, no tenía absolutamente nada que ver conmigo". Por eso decidió apostar por Ángel Currás como alcalde de la ciudad.

"Lo que sí tenía muy claro es que si Paula Prado era alcaldesa, allí (en la Finca do Espiño donde se pretendían construir viviendas privadas de lujo) lo que podía montarse entre su hermano, los amigos, etc., era un autentico, vamos, un autentico desmadre urbanístico", apuntó.

Un mes antes, Gerardo Conde Roa se sentó ante la juez Pilar de Lara como imputado en la operación Manga, la segunda fase de la Pokemon, por posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Los hechos se remontan a su etapa de alcalde cuando su asesor Ángel Espadas negociaban con Aquagest una ampliación del contrato de agua de 18 millones por otros 10 años, ya que la concesión terminaba en 2019 y había otras empresas interesadas. En la transcripción de su declaración ante la magistrada, Conde Roa negó tratos de favor con la empresa y que hubiese recibido regalos de esta. También rechazó que Setex Aparki, a la que el exalcalde adjudicó el servicio de la grúa y la ORA en 2012, hubiese aportado dinero a la campaña del PP.

En el proceso de negociación con Aquagest, Conde Roa contó con la colaboración del que era su jefe de gabinete, Ángel Espadas, una persona que desde finales de 2011 empezó a perder la confianza del exregidor. "Lo que no me gustaba era que me suplantasen. Si se da una instrucción en mi nombre lo tengo que saber", declaró en marzo el exalcalde compostelano. Fue más allá y reconoció que esa pérdida de confianza venía motivada además por los rumores de que Espadas estaba potenciando a Paula Prado "para que me hiciese sombra en la Alcaldía".

Sobre su relación con Aquagest admitió que durante su época como alcalde la entidad no recibió ninguna obra pero a la pregunta de si Ángel Espadas estaba actuando a sus espaldas contestó: "Hay un momento en el que me distancio de él y le digo que no soy una reina madre ni estoy para presidir y no enterarme de nada". Aunque aclaró que finalmente no se llegó a ningún compromiso, la intención del Concello era dotar al rural de Santiago de los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua potable. "El primer planteamiento que me hacen ante esa propuesta es que si no tengo dinero ni puedo endeudarme la única posibilidad que queda es la ampliación del contrato para recuperar el dinero a lo largo de esos años", afirmó.

A principios de 2012 se relevó al secretario municipal y a la interventora y según la investigación judicial fueron apartados de sus cargos para facilitar la renovación del contrato de Aquagest. Pero en su declaración, Conde Roa reveló que al secretario había que cambiarlo por su "incompetencia" y en el caso de la interventora era un puesto de "libre designación", y por tanto es facultad del alcalde nombrarla o cesarla. Negó además que llamase al presidente de la Xunta para que se agilizase el nombramiento del nuevo interventor.

De acuerdo con el sumario, Aquagest pagó supuestamente un viaje de lujo a Barcelona en 2011 a Conde Roa. El exregidor matizó que voló a la ciudad en dos ocasiones, una de ellas con una compañía de bajo coste, y que comieron en restaurantes normales. Sí que reconoció que la empresa les invitó al Liceo y que les pagó el viaje, aunque luego le abonase el coste del hotel y los vuelos al gerente de Aquagest en Compostela, José Luis Míguez.