Multas de trafico, despidos, disputas por una herencia, negligencias médicas... Las nuevas tasas judiciales, en vigor desde diciembre de 2012, dispararon los ingresos en las arcas del Estado. Cualquier contencioso obliga desde hace dos años a rascarse aún más el bolsillo. Salvo los pensionistas y quienes acrediten que no pueden hacer frente al pago de las nuevas tarifas impuestas por el Ministerio de Justicia, acudir a los tribunales cuesta entre 100 y 1.200 euros por recurrir ante el Tribunal Supremo y en la vía civil y contencioso-administrativa. Desde que el ya exministro Alberto Ruiz-Gallardón aprobó el polémico tasazo hasta julio del año pasado -últimos datos disponibles-, en Galicia se recaudaron más de 22 millones de euros. Solo el primer año de las nuevas tasas, juzgados gallegos recaudaron 13,5 millones, un 165% más que el ejercicio anterior.
Pese a que la recaudación en los tribunales gallegos casi se triplicó con las nuevas tasas, el volumen de asuntos judicializados disminuyó (-1,6%). A excepción de Asturias, la única comunidad que en el primer año de entrada en vigor de las nuevas tarifas, no supuso una mayor recaudación, todos los juzgados ingresaron más. Según el informe La Justicia dato a dato del año 2013 del Consejo General del Poder Judicial, Madrid, Cataluña, Andalucía País Vasco, Comunidad Valenciana, Cantabria y Galicia son, por este orden, las que más ceros suman en sus cuentas.
