Las piquetas se ceban con las viviendas unifamiliares, galpones y naves levantadas en suelo rústico o zona de costa no urbanizable. Desde que el bipartito creó en abril de 2008 la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, casi 500 obras ilegales fueron reducidas a escombros. El ritmo de las excavadoras, lejos de frenarse, ha batido un nuevo récord en Galicia. Tras décadas de barra libre urbanísticas en los ayuntamientos gallegos, las piquetas de la Xunta convirtieron en solares un total de 129 construcciones en 2014, el mayor número desde que los inspectores peinan Galicia a diario para poner orden en los más de 29.000 kilómetros cuadrado de la comunidad. Y este año, las palas van camino de un nuevo récord: solo en el primer semestre fueron derribadas en Galicia un total de 65 obras ilegales -22 en la provincia de A Coruña, siete en Lugo, cuatro en Ourense y 32 en Pontevedra-, un volumen que supone el triple que hace cinco años, cuando tan solo se registraron 24 de enero a junio.
En la lista de construcciones derribadas en los primeros seis meses del año en Galicia figuran viviendas unifamiliares, casas prefabricadas, casetas de madera y metálicas e incluso un invernadero en manos de pequeños propietarios. Y es que de no ejecutar la demolición, el importe de la multa aumenta con cada notificación de derribo que reciben. No hay sin embargo avance alguno sobre las órdenes de derribo que pesan sobre grandes construcciones como hoteles o urbanizaciones de chalés a pie de playa, que acumulan sanciones pero esquivan las piquetas tras años de expediente abierto.
Hay ejemplos de esta situación por todo el territorio gallego. En Fisterra, seis edificios con 168 pisos de cuatro promotoras distintas fueron declarados ilegales por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Pese a que las sentencias son firmes y contra ellas no caben recursos, las viviendas continúan en pie en el municipio costero, donde la construcción se disparó más de un 400% entre los años 2004 y 2007.
Mientras el derribo de las construcciones no se ejecuta, las multas siguen llegando a los propietarios. Ya sean particulares o constructoras. Y las cantidades a desembolsar, a medida que los dueños se resisten a ejecutar la demolición, van en aumento.
Solo en lo que va de año, la Xunta interpuso un total de 225 multas coercitivas por incumplimiento de las resoluciones dictadas por un importe total de 651.000 euros, lo que supone una media de 2.900 euros por sanción. Sin embargo, en la actualidad no todos los expedientes están en la misma fase del proceso por lo que puede haber grandes diferencias entre los propietarios condenados a la demolición. Según detallan algunos afectados, las primeras pueden ser de unos mil euros, pero pueden llegar a superar con las sucesivas notificaciones los 8.000 euros.
Las provincia de Pontevedra concentra el mayor número de sanciones de este tipo -90 por una cuantía total de 259.000 euros-. Sin embargo, es A Coruña con 72 multas la que presenta una mayor recaudación -265.000 euros-. Les siguen en la lista, Lugo con 40 multas por 79.000 euros y Ourense, 23 que superan los 48.000 euros. La recaudación de estas multas, la reparten Xunta y concellos adheridos a la agencia urbanística de la Xunta al 50% ya que el papeleo y el farragoso proceso lo asume la administración autonómica.
Propietarios afectados acusan además a la APLU de hacer negocio con los derribos. La agencia urbanística, según denuncian, cobra por demolición unos 20.000 euros cuando su coste está en unos 4.000 euros.
Hace apenas un mes, el Gobierno andaluz aprobó para su remisión al Parlamento la reforma de la Ley de Ordenación Urbanística para regularizar más de 25.000 viviendas levantadas hace más de seis en suelo no urbanizable. Propietarios de casas ilegales levantadas hace décadas en Galicia demandan a la Xunta que acometa un cambio legal como el que propone el Ejecutivo de Susana Díaz para evitar el derribo de al menos 2.000 viviendas en la comunidad construidas hace décadas en suelo rústico en ausencia de un plan urbanístico que todavía en la actualidad está en tramitación o fase de redacción.
Pese a las reclamaciones durante los últimos dos años de los afectados en la comunidad, que advierten de que no se trata de "villas ni caseríos" sino de viviendas construidas "con los ahorros de muchos años de trabajo", el anteproyecto de la Lei do Solo aprobado este mes por la Xunta no recoge regularización alguna de estas construcciones.
Los dueños no tiran la toalla y confían en que el Gobierno gallego les dé una solución y no meta las piquetas y las excavadoras en sus propiedades. Por lo que le piden que, de la misma manera que flexibilizará las normas para construir en el rural, que también dé facilidades a los propietarios que hace más de diez años construyeron sus viviendas en zonas no urbanizables en ayuntamientos que carecían de planeamiento.
Entre las fórmulas que apuntan los propietarios amenazados de derribo está la reforma legal que plantea el Gobierno andaluz para regularizar unas 25.000 viviendas, la mayoría ubicadas en las provincias de Málaga y Almería. O al menos, reclaman los afectados, que la Consellería de Medio Ambiente les conceda una moratoria hasta que sus ayuntamientos aprueben sus respectivos planes urbanísticos, ya que dan por hecho que sus viviendas quedarían legalizadas en los PXOM en fase de trámite.
