El 40% de los concellos no solicitaron al Gobierno legalizar sus núcleos marineros

Responsables de la Consellería de Medio Ambiente y del ministerio mantuvieron ayer en Madrid una nueva reunión para intentar superar las trabas que Costas está poniendo a la legalización de núcleos marineros, ya que por el momento está denegando la mayoría de las...

19.09.2015 | 11:29
Encarna Rivas.

Responsables de la Consellería de Medio Ambiente y del ministerio mantuvieron ayer en Madrid una nueva reunión para intentar superar las trabas que Costas está poniendo a la legalización de núcleos marineros, ya que por el momento está denegando la mayoría de las solicitudes planteadas por los ayuntamientos gallegos. Sobre la mesa se pusieron los datos del proceso de regularización, iniciado hace más de dos años a raíz de la reforma de la Ley de Costas, y la sorpresa fue que más del 40% de los concellos afectados no han hecho ninguna gestión todavía.

Según informó la consellería de Ethel Vázquez, los técnicos del ministerio informaron que solo 45 ayuntamientos gallegos habían reclamado la legalización de asentamientos marineros. Por tanto, otros 35 de los 80 afectados todavía no se han dirigido al Ministerio de Ambiente, aunque por el momento no ha facilitado más detalles, ni nombres ni reparto por provincias.

La reforma de la Ley de Costas abrió una vía para regularizar estas poblaciones levantadas a pie del litoral, que se calcula que son unas 255 en las que hay unas 12.500 viviendas. Los concellos tenían dos años de plazo -agotado ya el pasado mayo- para reclamar su legalización y a partir de ahí el Gobierno central contaba con otros 18 meses para resolverlas.

Para ello, los ayuntamientos tienen que demostrar que esos asentamientos ya existían antes de 1988 y que además contaban con servicios públicos básicos, como agua, luz o alcantarillado. Como de momento el ministerio está denegando la mayoría de las solicitudes, la Xunta ha decidido mediar. Y ayer, tras la reunión a la que acudió la secretaria xeral de Urbanismo, Encarna Rivas, el Gobierno aceptó el papel del Ejecutivo autonómico, al que remitirá toda la información sobre el proceso --aunque está fuera de sus competencias- con el objeto de que pueda echar una mano a los ayuntamientos que se lo pidan.

Para los concellos que no han reclamado regularización alguna no se cierra la vía, pero tendrán que emprender una vía mucho más larga y compleja. Mientras tanto, los perjudicados son los propietarios de las viviendas, en las que no podrán realizar reformas salvo las obras de mantenimiento básico y cuya eventual venta resulta más difícil, así como la posibilidad de ampliar los servicios públicos.

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