El Gobierno acordó ayer interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas aprobada en 2014 en Galicia. Según explica la Xunta, existen tres puntos de discrepancia con el Ejecutivo central. Por un lado, hay divergencias en materia de tributos. Otro punto de fricción es sobre minas -esta normativa crea un nuevo impuesto sobre la actividad minera-. Y, por último, también surgieron diferencias en materia de comercio, aunque existía un principio de acuerdo.
Según informó el Gobierno, "no ha sido posible llegar a acuerdo" en el proceso negociador en el seno de la Comisión Bilateral correspondiente, por lo que acude al Tribunal Constitucional.
Fuentes de la Xunta consultadas por Europa Press señalaron que el Gobierno autonómico todavía no ha recibido la notificación de este recurso del Gobierno.
