Todos los grupos del Parlamento de Galicia han apoyado una proposición de ley impulsada por el BNG para reclamar la transferencia de la titularidad de la autopista AP-9 para la Administración autonómica, una demanda que en otras ocasiones ha manifestado verbalmente el presidente Alberto Núñez Feijóo, pero que ha contado con el rechazo de la ministra de Fomento, Ana Pastor.
De hecho, las votaciones que se han realizado en las Cortes estatales esta legislatura y a propósito de iniciativas en las que se pedía esta transferencia ya han contado con el voto en contra de los populares.
Sin embargo, este martes, el hemiciclo gallego en pleno se ha posicionado a favor de llevar a cabo esta petición a través de una propuesta de ley que se elevará, posteriormente, al Congreso de los Diputados, un procedimiento lento que, de hecho, no llegará a tiempo de esta legislatura de Mariano Rajoy.
No es la primera vez que la Cámara autonómica reclama por esta vía la transferencia de competencias, ya que así lo hizo en su día con las relativas al tráfico. Así, en 2010, y más de dos años después de que se aprobase en Galicia reclamar esta competencia, el PSOE --con su voto en contra-- y el PP --con su abstención-- impidieron que llegase a puerto esta petición.
"¿No se las dan o no se las piden?"
La encargada de defender la proposición de ley fue la diputada del BNG Ana Pontón, quien ha acusado al Gobierno gallego actual de "fracaso" en consecución de transferencias. "¿No se las dan o no se las piden?", se ha preguntado.
La parlamentaria repasó los números de la concesionaria Audasa, con beneficios que, según ha puesto encima de la mesa, han sobrepasado --al superar los 2.250 millones de euros recaudados-- la inversión hecha. También puso encima de la mesa que la recaudación de los peajes ha supuesto el 7,6 por ciento del total de lo recaudado en este tipo de tasas en todo el Estado.
Los portavoces de todos los grupos han recordado que se trata de una vía "vertebradora" de Galicia, que transcurre íntegramente en territorio autonómico, aunque un informe esgrimido por el Ministerio de Fomento para rechazar este traspaso se apoyaba en que la AP-9 llegaba a la frontera con Portugal y, por lo tanto, era "estratégica" para el Estado.
El diputado popular Alejandro Gómez Alonso defendió que su partido tiene "personalidad política" y que, al igual que en 2006, iba a apoyar esta iniciativa en Galicia, pese a que entonces fue rechazada una similar presentada por su grupo por parte de los partidos que sustentaban el bipartito.
Al respecto, Pontón replicó que se debió a que en 2005 la Xunta gobernada por PSdeG y BNG ya había solicitado esa transferencia.
"Para el BNG supone un paso adelante (esta ley) para tener capacidad de decidir sobre nuestras infraestructuras; para una planificación integral es fundamental es fundamental tener competencias", ha remarcado Pontón.
"Saqueo consentido"
Antón Sánchez, por parte de AGE, ha defendido la transferencia de la titularidad para parar el "saqueo consentido" que hace la concesionaria a los gallegos.
Mientras, el socialista Raúl Fernández ha advertido de que la explotadora de la vía ha convertido el vial en una "oportunidad económica" para ella y ha asegurado que los peajes se han convertido en una "carga insufrible para familias y empresas".
Gómez Alonso ha subrayado, por su parte, que la transferencia permitirá "incrementar el patrimonio de Galicia en más de 3.000 millones de euros" y permitirá, de llevarse a cabo, establecer políticas de peajes de "homogeneización".
"Lecciones en política de peajes, las justas, o ninguna", ha sentenciado, en referencia a los descuentos que impulsaron los socialistas.
