Mismo escenario e idénticos protagonistas pero un resultado completamente diferente. Tres meses después de que el voto rebelde del alcalde socialista de Becerreá entregase la Diputación de Lugo al PP, una moción de censura devolvió a PSdeG y BNG el bastón de mando en la corporación provincial. En esta ocasión no hubo sorpresas. Todo fue según el guión pactado por los dos socios de gobierno. El regidor socialista de A Pontenova, Darío Campos, es desde ayer el nuevo presidente de institución lucense, una elección que puso punto y final a un mandato fugaz de la popular Elena Candia. Los 13 votos a favor de socialistas y nacionalistas, frente a los 12 que suman los diputados del PP, permitieron reeditar el bipartito de hace cuatro años.
La papeleta del diputado socialista díscolo, Manuel Martínez, fue la que permitió que prosperase la moción de censura y, en consecuencia, un cambio de gobierno en el feudo político del líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. En el nuevo bipartito, Martínez, al que el Bloque había vetado como candidato por su imputación por malversación debido a una obra que tramitó como responsable de Vías y Obras de la Diputación, "tendrá responsabilidades de gobierno", según avanzó Campos.
Socialistas y nacionalistas basaron la moción en que los lucenses habían votado mayoritariamente un gobierno progresista en las elecciones municipales. "El 24 de junio sucedió lo que nunca debería haber sucedido: se negó la decisión mayoritaria de los lucenses y se dejó caer en manos del PP el gobierno de la Diputación de Lugo", argumentó durante su intervención el aspirante a presidir la institución, Darío Campos. Por ello, pidió "disculpas públicas" a los ciudadanos, al considerar que es un acto de "justicia y de dignidad" hacerlo.
Ausencia de Besteiro
Al contrario de lo ocurrido en el pleno de investidura del pasado mes de junio, al que sí acudió en primera fila el líder de los socialistas gallegos, quien durante los últimos ocho años presidió la corporación provincial, al acto de ayer Besteiro no acudió.
El pleno extraordinario celebrado ayer se convirtió en un cruce acusaciones entre PSOE y PP, después de que la presidenta saliente acelerase en los últimos días la aprobación de casi tres millones de euros en ayudas para repartir entre 33 concellos de la provincia, de los que 31 están regidos por el PP. El portavoz socialista, Álvaro Santos, tachó a Candia de "presidenta caciquil" y enseñó papeles que, aseguró, demuestran que ha compaginado durante sus tres meses de mandato su sueldo de más de 60.000 euros anuales por dedicación exclusiva al cargo con comisiones como mediadora de seguros. Por su parte, Elena Candia acusó al bipartito de "oscurantista".
En la sesión plenaria se vivieron momentos de tensión. El alcalde de Guntín, Jesús Carreira, que presidía la mesa de edad, tuvo que pedir silencio en varias ocasiones, ya que los partidarios y detractores de la moción de censura increparon en repetidas ocasiones a los dirigentes políticos que en ese momento estaban en el uso de la palabra.
"Erramos, y durante tres meses, con el PP en el gobierno de la Diputación de Lugo, los ciudadanos no solo no tuvieron las políticas de futuro que mayoritariamente reclamaron" en las urnas, según apuntó Campos, sino que sufrieron acciones "destructivas, caciquiles y basadas" en la premisa de que "la Xunta invita y la Diputación de Lugo, con dinero de todos los vecinos de la provincia, paga", informa Efe.
"A través de esta moción, queremos recuperar la normalidad democrática y reconciliarnos con los intereses de los ciudadanos, restableciendo para ello un gobierno de progreso en la Diputación, que continúe con los proyectos de futuro que en los últimos ocho años fuimos capaces de poner en marcha el PSdeG y el BNG en esta provincia", zanjó el alcalde de A Pontenova, quien prometió trabajar "con humildad y honradez".
Por su parte, Candia, quiso recordar que lo que hizo el PP el día 24 de junio fue cumplir "con la encomienda" que le hicieron los vecinos de la provincia "como la fuerza política más votada" en las municipales de mayo.
"Nuestra máxima fue la de cumplir con esa voluntad", añadió, siempre "con un trabajo riguroso, serio y comprometido", con la preocupación de que la "institución tuviese vida", aunque "no fue una tarea fácil", dado que los populares se encontraron "con errores de gestión y malas prácticas" por parte de sus antecesores. La presidenta saliente también dijo que durante los últimos tres meses ha sido tratada por los grupos de la oposición más como "enemiga" que como rival política, por lo que se ha sentido víctima de una campaña de acoso y derribo.
