La última cumbre que el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas celebraron en 2014 fue, sin duda, una de las más convulsas de la legislatura que ahora se cierra. En las semanas previas, la Xunta mostró con rotundidad su negativa a que el Gobierno central "premiara" a los territorios incumplidores en el techo del déficit con tipos de interés cero en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) al que todos ellos se vieron obligados a acudir como alternativa a endeudarse en el mercado.
El departamento que dirige Cristóbal Montoro templó los ánimos de las comunidades con un nuevo mecanismo para dotar de recursos a las comunidades que sí ajustaron su desequilibrio presupuestario.
Para ellas, los préstamos gratis se prorrogarían también en 2016 y 2017 y, además, el Ejecutivo se comprometió a perdonarles la devolución de lo que habían recibido de más al cargo del sistema de financiación autonómico en 2008 y 2009. Las dos razones por las que la Consellería de Facenda decidió dar su brazo a torcer.
El Consejo de Ministros oficializaba ayer la compensación de ese reintegro de las llamadas liquidaciones negativas, que en el caso de Galicia ascendían a cerca de 85 millones de euros.
Concretamente, según la información facilitada ayer por Moncloa, a 84,8 millones, que, en lugar de ponerlos otra vez en manos del Estado, podrán destinarlos a "políticas de gasto vinculadas a los servicios públicos fundamentales e infraestructuras básicas de las comunidades". La partida debe estar consignada ya en los presupuestos del actual ejercicio y ejecutarla también en este 2015, algo que Facenda confirma que la Xunta ha hecho.
Según el Ejecutivo central, Galicia recibió 3.010,9 millones de euros en medidas de liquidez desde 2012, de los que 1.542,5 millones fueron del mecanismo de Facilidad Financiera.
