Las administraciones fueron en los últimos años las grandes ausentes en la lucha de las víctimas del franquismo por cerrar las heridas del pasado y abrir un nuevo capítulo en la Historia, de España en general y Galicia en particular. Tras la fugaz implicación del bipartito gallego y la ahora paralizada Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Zapatero, los partidos se quedaron al margen de la exhumación de fosas de la dictadura, del reconocimiento a las víctimas o de los proyectos de investigación sobre la Guerra Civil y la postguerra.
La tarea de desenterrar lo ocurrido quedó en manos de historiadores y asociaciones que a base de tenacidad y voluntariedad en una búsqueda contra reloj han conseguido avanzar en el puzle de la memoria. Pero todavía está a medio construir, según advierten los investigadores. Cuarenta años después de la muerte de Franco, más de 100.000 familias esperan verdad, justicia y reparación. Una de las últimas piezas de este puzle la puso Compostela Aberta con una moción promovida por su portavoz en la Diputación de A Coruña, Manuel Dios, que fue aprobada con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP que se abstuvo, en un pleno de la institución este mismo mes.
La iniciativa de Compostela Aberta, apoyada por PSdeG, BNG, Marea Atlántica y Alternativa dos Veciños, llevará a la corporación provincial a "colaborar" con el resto de administraciones en cuestiones relacionadas con la dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Según el acuerdo del pleno, la Diputación de A Coruña, gobernada por PSdeG y Bloque, instará a la Xunta y al Gobierno central a "asumir su deber moral y legal" en la localización, exhumación e identificación de las víctimas que todavía hoy siguen en cunetas, montes o tapias de cementerios.
Desde que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), grupo originario del Bierzo leonés promotor de las primeras exhumaciones del franquismo, recuperó los primeros restos de fusilados durante la dictadura en el año 2000 ya abrió casi 200 fosas en España -una veintena de ellas en Galicia- y puso nombre a más de 1.300 cuerpos -medio centenar en la comunidad gallega-.
Compostela Aberta, junto PSdeG, Bloque, Marea Atlántica y Alternativa dos Veciños, se proponen avanzar en el proceso de recuperación de la memoria histórica. Y para ello han logrado implicar a la Diputación, para que el organismo provincial urja a las administraciones competentes a arrojar luz a quienes hoy todavía rebuscan en sus recuerdos y luchan contra los que les llaman a olvidar.
El acuerdo alcanzado en la institución coruñesa pone en el punto de mira a la Xunta y al Gobierno central, ya que la corporación presidida por Valentín González Formoso (PSdeG) emplazará a ambos Ejecutivos a "asumir su deber moral y legal" para identificar a las víctimas y exhumar sus restos. Y es que España, según advierte la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH), es el segundo país del mundo, solo por detrás de Camboya, en número de desaparecidos.
Procesamiento
Para avanzar en las políticas de la memoria, la Diputación coruñesa colaborará en la elaboración de un censo de desaparecidos y de un mapa de enterramientos en la provincia. Para esto, contará como punto de partida con el trabajo previo realizado por asociaciones, investigadores y universidades, según recoge la iniciativa de Compostela Aberta. Esta documentación será finalmente trasladada a los ayuntamientos de la provincia, la Xunta y el Gobierno central.
Además, instará a las administraciones públicas a "habilitar los medios legales y económicos" que hagan posible la localización de los paseados durante el franquismo. Según la moción de Compostela Aberta, la institución provincial también demandará al Gobierno central que "promueva un marco jurídico que permita la investigación judicial" de las desapariciones de la dictadura, así como el "esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjeron" así como "la identificación y procesamiento de los responsables".
Compostela Aberta se proponía que la Diputación abriese una línea de financiación para aquellos concellos, personas o entidades sociales que reclamen la apertura de fosas donde yacen los restos de sus allegados y que también elaborase una protocolo de dignificación de enterramientos comunes y cementerios municipales que pueden tener consideración de espacios de memoria democrática por la presencia de restos de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Sin embargo, finalmente estos dos puntos fueron retirados de la propuesta para lograr su aprobación y fueron pospuestos para un debate entre todos los portavoces.
