La instrucción del caso Alvia concluye y ahora se inicia el camino hacia el final del proceso: el juicio que sentará en el banquillo como único acusado al maquinista del tren siniestrado. Antonio Roma, el fiscal que la causa que investigó el descarrilamiento ferroviario ocurrido el 24 de julio de 2013 en Angrois en el que murieron 80 personas, se ratifica en que el conductor, Francisco Garzón Amo, fue el único culpable y, como ya había planteado el juez instructor, urge la apertura del juicio oral. En un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Roma rechaza los recursos de apelación formulados por las víctimas, el abogado del maquinista y la aseguradora de Renfe contra la propuesta de cerrar la investigación y juzgar únicamente al conductor.

Víctimas del siniestro acusaron de "oscurantismo" y "arbitrariedad" al segundo juez instructor, Andrés Lago, en su manera de proceder en la causa. "Da la sensación de querer cerrar lo antes posible la instrucción (...) sin querer saber más", cuestionaron los afectados, a quienes les "parece que a nadie le interesa la verdad", "ni a la justicia, la cual debería ser independiente y actuar buscando la verdad sin ningún tipo de condicionamiento".

En su escrito de impugnación, el fiscal del caso Alvia es tajante. Solo puede ser considerado delito la "conducción distraída" del maquinista, que atendió una llamada del interventor del tren y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois. Para Roma, las diversas deficiencias de seguridad de las que durante la instrucción advirtieron las víctimas o el abogado del conductor "pueden permitir la mejora de la circulación ferroviaria en el futuro", pero sin embargo, expone, no revisten "la apariencia de delito".

El fiscal del Alvia asegura que "muchos" de los recursos presentados piden analizar "hechos que bien ya están investigados" o bien que "no guardan relación causal desde la perspectiva de la técnica penal", según informaron desde la Fiscalía Superior de Galicia. "En otros casos, se propone la práctica de diligencias que el instructor de un complejo procedimiento ha considerado innecesarios previa ponderación razonada, atendiendo a los fines de la investigación y a los derechos de cuantos intervienen como imputado o como perjudicado", defiende.

Roma sostiene además que "la labor desarrollada por el juzgado, con sus dificultades, ha sido amplia y exhaustiva en la investigación". Nada nuevo, a su juicio, se ha aportado a la investigación desde que en septiembre de 2014 la Audiencia de A Coruña rechazó la pretensión del primer juez instructor, Luis Aláez, de citar como imputados a cargos de Adif, a quienes atribuía la responsabilidad de reducir la seguridad de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago en la que ocurrió el accidente. Los magistrados del tribunal coruñés serán los que ahora tendrán que decidir si continúa la instrucción o se celebra ya el juicio.

Sobre los informes periciales aportados desde que se dictó el auto de la Audiencia de A Coruña que acordó no imputar a cargos de Adif por falta de pruebas, el fiscal concluye que no aportan "factores que revistan la apariencia delictiva".

En contra de las reiteradas afirmaciones de Adif y Renfe de que el sistema ERTMS, que controla la velocidad de manera constante y que en los Alvia había sido desconectado un año antes del siniestro, y el ASFA, de control puntual con el que el tren siniestrado circulaba el día que ocurrió el accidente, son igual de seguros, Roma admite que el ERTMS es "indudablemente superior" al ASFA.

Para el fiscal del caso Alvia, el juicio oral es una "necesidad" y "concurren elementos para que pueda desarrollarse con las garantías debidas".