A la espera del pacto del agua

Xunta y Fegamp trabajan desde 2013 en un pacto para mejorar la gestión del agua y equiparar las tarifas

28.02.2016 | 11:42
A la espera del pacto del agua

Implantar un único recibo del agua en los ayuntamientos gallegos, dar mayor uniformidad en el tratamiento y ordenación de los servicios del agua urbana en la comunidad, asegurar la sostenibilidad financiera del servicio o caminar hacia una gestión supramunicipal de este recurso, cada vez más escaso. Estos son algunos de los objetivos del Pacto Local del Agua, un acuerdo que firmaron la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en noviembre 2013 y que pretendían tenerlo cerrado un año después. Ya pasaron dos años y las partes continúan negociando un acuerdo

El país de los mil ríos, como Álvaro Cunqueiro bautizó a Galicia, busca un pacto del agua desde hace dos años con el objetivo de mejorar la gestión de un recurso cada vez más escaño y equiparar las tarifas entre ayuntamientos. En noviembre de 2013, la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) empezaron a trabajar para alcanzar un acuerdo que permitiera, en el plazo de un año, igualar las tasas de cobro para que todos los usuarios paguen lo mismo, implantar un único recibo en toda la comunidad, asegurar la sostenibilidad financiera del servicio y buscar una gestión supramunicipal de este recurso.

Dos años después el pacto aún no se ha producido y todos los protagonistas son conscientes de que las negociaciones todavía van para largo. "El Pacto Local del Agua se compone de todo el trabajo que se está haciendo desde las comisiones y los grupos de trabajo desde noviembre de 2013 y continuará durante tiempo, ya que es muy ambicioso y hay muchos aspectos importantes y fundamentales sobre este recurso", reconocen desde la Consellería de Medio Ambiente.

Algo similar explican desde la Fegamp. "No hay fecha para su finalización porque existen diferentes necesidades de cada ayuntamiento que hay que analizar. No hay prisa para conseguir un acuerdo, lo que se pretende es lograr el mejor modelo", reconocen.

La competencia en materia de agua urbana está en manos de los ayuntamientos y cada uno cuenta una reglamentación diferente. En la actualidad, por ejemplo, existe una gran disparidad a la hora de facturar el servicio. Hay concellos que no cobran, otros lo hacen por un valor inferior al coste real y otros asumen parte del precio. La mayor parte de los problemas con los que se encuentran los integrantes del pacto es que "existen grandes diferencias entre los concellos urbanos y los rurales y entre los grandes y los pequeños", explican fuentes de las negociaciones.

Para desarrollar el Pacto Local del Agua se crearon dos comisiones: una institucional y otra técnica. La primera se constituyó el 27 de noviembre de 2013, tres semanas después de que se firmase el acuerdo entre la Xunta y la Fegamp. Entre sus funciones están liderar y representar el pacto, difundir las actuaciones acometidas y aprobar los programas de trabajo, así como las propuestas de documentación que se efectúen por la comisión técnica.

En el momento de su creación se estableció que sería conveniente que se reuniese con carácter trimestral, aunque desde entonces solo lo ha hecho dos veces: el 18 de junio de 2014 y el 4 de mayo de 2015, esta última dos semanas antes de las elecciones municipales.

La comisión técnica, por su parte, tiene entre sus cometidos diseñar y coordinar los programas de trabajo, velar por su ejecución, presentar los programas de trabajo y los documentos que se generen a la comisión institucional para su aprobación y realizar el seguimiento y evaluación de las actuaciones de los programas de trabajo.

La amplitud y diversidad de los trabajos hizo necesario que se estableciesen tres grupos en esta comisión: económico o de análisis de la estructura tarifaria, técnico o de planificación y el de coordinación sobre un estudio del ciclo del agua. Se constituyó el 12 de febrero de 2014, y aunque se valoró la posibilidad de que se reuniese cada 15 días, al final lo ha hecho en seis ocasiones en los últimos dos años. La última, en octubre.

Pese a que el pacto entre las partes no se ha producido en el primer año, como pretendía la Consellería de Medio Ambiente, y las dos comisiones que se crearon no se han reunido todo lo que tenían previsto, los trabajos para alcanzar el pacto del agua han avanzado.

Uno los primeros pasos que se realizó fue enviar una encuesta a todos los concellos para que explicasen cómo prestaban los servicios de agua y con qué medios contaban. En una primera tanda solo respondieron un centenar de los 314 concellos a los que se les remitió la encuesta "a pesar de la insistencia y de las llamadas desde Augas de Galicia y la Fegamp", como aparece reseñado en una de las actas de la comisión institucional.

Los integrantes del pacto ya sacaron conclusiones: solo en un 25% de los casos la persona que se encargó de completar la encuesta fue un técnico municipal con formación en servicios de agua. En el resto fue desde el alcalde o un concejal, hasta el interventor, el secretario o un administrativo.

También concluyeron que la supervisión de la gestión, por parte de la administración local, de los servicios de abastecimiento y saneamiento "es escasa y en el caso de que haya no es correcta ni se deja constancia de cómo ni de quién la realiza".

Las respuestas que recibieron reflejan además que una cuarta parte de las captaciones de abastecimiento "carecen de autorización del organismo de cuenca" y que casi la mitad de los concellos no tienen planes de mantenimiento de las redes de abastecimiento.

Otro de los grupos de trabajo, el económico o de análisis de la estructura tarifaria, elaboró, y sigue trabajando en él, el documento Conclusiones sobre la definición de una estructura tarifaria homogénea. Su objetivo es que sea una guía con recomendaciones que se deben considerar para calcular el coste del servicio integral del ciclo del agua.

Una de las grandes decisiones que se han tomado en estos dos años es la realización de un Estudio operativo, jurídico y financiero para la gestión de los servicios del ciclo urbano del agua, que pretende realizar "una fotografía real de la situación" y conseguir "el primer estudio sobre un modelo de prestación supramunicipalidad en Galicia que se adapte a las circunstancias del territorio y el marco normativo existente".

El estudio tiene un presupuesto de 60.000 euros, fue aprobado en la reunión de la comisión institucional de junio de 2014, pero el contrato no se firmó hasta febrero de 2015. Aún se está realizando y estará basado en cuatro puntos: diagnóstico inicial, escenario económico-financiero, análisis jurídico de las alternativas para la gestión del ciclo integral de agua en Galicia y análisis organizativo de la prestación del servicio. Según se recoge en una de las actas de la comisión técnica, durante la reunión del grupo de trabajo para la realización de este estudio se destacó que "hay muchos datos distintos, usados para fines distintos y a veces con poca fiabilidad". Y mientras, el Pacto Local del agua no llega.

Uno de los avances del Pacto Local del agua ha sido consensuar una serie de Recomendaciones para la definición de una estructura tarifaria homogénea y de referencia para los servicios del ciclo urbano de agua en Galicia. Son 11 recomendaciones "básicas", como recoge el documento, que van desde plantear los objetivos que deben tener las tarifas o la estructura que deben poseer, hasta las diferentes tarifas que se han de aplicar según el tipo de usuarios.

Estas pautas señalan que las tarifas relacionadas con el ciclo urbano del agua en Galicia deberán buscar la eficiencia, suficiencia, equidad y sencillez. La estructura tarifaria tiene que "incentivar el uso eficiente del agua, tiene que permitir la recuperación de los costes del servicio con un reparto justo entre los diferentes usuarios, y tiene que ser fácilmente comprensible por el usuario y con el menor coste administrativo posible", recoge el estudio. También se señala que la estructura de la tarifa debe diferenciar como mínimo una tarifa de abastecimiento, otra relativa a la red de alcantarillado y otra de depuración.

Las tarifas distinguirán, además, entre actividades de carácter doméstico, para el desarrollo de actividades de carácter económico y para otras actividades de carácter no económico. En el primer caso, señala el informe, "se garantizará la accesibilidad a la tarifa por parte de todos los usuarios, tanto en el abastecimiento como en el saneamiento". Por último, apunta que se establecerán mecanismos que fomenten la instalación de aparatos de medición del consumo, tanto a usuarios públicos como privados.




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