Louzán se defiende en el caso del alquiler de los bajos con informes de inmobiliarias

El expresidente de la Diputación de Pontevedra insiste en que no cobró ningún sobreprecio por el arrendamiento de dos locales en Vigo

02.03.2016 | 01:00
Rafael Louzán y su abogado, poco antes de iniciar su declaración en el juzgado de Cambados.

El expresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, insistió ayer ante el juez de Cambados en su tesis de que no existe sobreprecio alguno en el contrato de los dos bajos comerciales que él y su esposa le tienen alquilados en la parroquia viguesa de Navia a la panadería del exdiputado provincial del PP Severino Reguera.

Louzán avala su argumentación en informes de inmobiliarias y de la tasadora Tinsa, incorporados a la presente causa, según los cuales los precios de mercado de un alquiler en esa zona de Vigo eran en 2008 de entre 14 y 18 euros el metro cuadrado, que sería la cifra en la que se mueve el arrendamiento de Louzán y su mujer a Reguera, aunque el primero prefirió no hacer pública la cifra exacta.

Louzán llegó minutos antes de las cuatro de la tarde a los juzgados de Cambados, acompañado por su abogado. No obstante, antes que él declaró su mujer, María Teresa C.F., que está siendo investigada en la presente causa al igual que Louzán y Reguera. Tras su declaración, que duró aproximadamente dos horas, el aún presidente del PP de Pontevedra compareció ante el juez por espacio aproximado de otras dos horas.

Al término de la vista, Rafael Louzán declaró que estaba "contento y satisfecho de poder aclarar con documentos las preguntas de interés del instructor", y volvió a plantear que según él el contrato de alquiler "es un proceso claro y transparente", que está perfectamente documentado. Louzán considera que el contrato es una "actividad privada perfectamente reglada", y que se trata de "la única actividad comercial que tengo". Aduce también que existen informes y declaraciones incorporadas a la causa, elaborados por una tasadora y por agencias inmobiliarias, que avalarían según él los precios de su alquiler a Reguera, y que no puede existir cohecho -el delito por el que están siendo investigados los tres- "porque no hay dádivas de ningún tipo entre las partes". El político coincide con Severino Reguera a la hora de realizar una lectura política de la denuncia que está en el origen de la causa, y que llegó a manos de la Fiscalía de Pontevedra a finales de 2013. "No podemos olvidar que esto empieza por una denuncia anónima, y parece que el único objetivo es el de dañar la imagen de unas personas", aseguró.

La investigación que se instruye en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cambados es por un presunto delito de cohecho. Los hechos se remontan a 2008, cuando Louzán y María Teresa C.F. le alquilaron a Reguera dos bajos colindantes con otros tres que tenía el exdiputado y concejal de Pazos de Borbén. En ellos, Reguera puso en marcha una panadería-cafetería que pasa por ser uno de los establecimientos que más factura de toda la cadena, tal y como afirmó él mismo hace apenas dos semanas en el juzgado.

El futuro de la causa queda ahora en manos del juez y del fiscal. Ambos deberán decidir en los próximos días si archivan la causa, si proponen la apertura de juicio oral, o si solicitan la práctica de más diligencias.

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