El Congreso insta al Gobierno a anular la prórroga concedida a Ence en Pontevedra

La proposición no de ley, que no es vinculante, fue aprobada con los votos favorables de En Marea y PSOE y el voto en contra del PP

07.04.2016 | 00:57

La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley que insta al Gobierno a anular la prórroga de la concesión de Ence en la ría de Pontevedra otorgada por 60 años más por el actual Ejecutivo en funciones. El texto de la iniciativa aprobada fue impulsado por el grupo de Podemos-En Comú Podem-En Marea y transaccionado por el PSOE y fue aprobado con el voto favorable de estos dos partidos (un total de 23), frente a la oposición del PP (15 votos en contra) y la abstención de Ciudadanos (cinco votos).

Es la primera vez que se adopta un acuerdo explícito contra la continuidad de Ence en la ría de Pontevedra en el seno del Congreso, aunque su validez jurídica parece limitada debido a que las proposiciones de ley no tienen carácter vinculante. De hecho, tanto los representantes de En Marea como del PSOE dan por hecho que el actual Ejecutivo en funciones del PP no ejecutará el ruego realizado por la mayoría del Parlamento, pero consideran que es una garantía de que la concesión a Ence será revisada si hay un nuevo Gobierno formado por fuerzas progresistas. La diputada pontevedresa de En Marea, Ángela Rodríguez, va más allá y califica el acuerdo como "un primer trámite legislativo" para que Ence salga de la ría de Pontevedra.

El texto aprobado por la Comisión de Medio Ambiente insta al Gobierno a promover "urgentemente" la presentación de un proyecto de ley para recuperar los niveles de protección que establecía la Ley de Costas de 1988, dejando sin efecto las modificaciones introducidas en 2013 por el PP y que permitieron conceder la prórroga a Ence. En un segundo punto, insta al Ejecutivo a "anular la prórroga otorgada a Ence" en Pontevedra.

El diputado de En Marea, Antonio Gómez-Reino, fue el encargado de defender la proposición no de ley, describiendo como "nocivos" los efectos para el medio ambiente y la salud des la personas que tiene, según él, la fábrica de Ence. El parlamentario recordó episodios de "irritabilidad en los ojos e insuficiencias respiratorias" que, insiste, provoca la factoría, además de recalcar que sus "malos olores" limitan la proyección turística de la ría de Pontevedra. Y añadió que Ence consume 12 millones de metros cúbicos de agua al año, mientras que todos los ayuntamientos de la ría juntos gastan un total de ocho millones de metros cúbicos. "Además paga por este agua menos del 10% de lo que le corresponde", sentenció Gómez-Reino.

Mientras, el portavoz de Ciudadanos, Marcial Gómez, no mostró la rotundidad con la que su partido defiende la continuidad de Ence en Pontevedra. Aseguró valorar la preocupación de los vecinos, pero indicó que su formación también tiene en cuenta los 370 empleos directos y miles de indirectos en toda Galicia que, según dijo, dependen de la fábrica. Reconoció que no le gustó la fórmula usada por el Gobierno en funciones para otorgar la prórroga y tampoco que el consejo de administración de la pastera esté "plagado de excargos del PP", pero entiende que anularla "solo atendería al aspecto medioambiental" y su grupo no quiere "olvidarse" de los trabajadores. Por este motivo, la formación naranja planteó una enmienda que no fue atendida, tras lo que optó por abstenerse.

El encargado de defender la postura socialista fue el diputado por Pontevedra Guillermo Meijón, que recordó los acuerdos aprobados en el Parlamento de Galicia en 2010 con el voto del PP en contra de la continuidad de Ence. Resaltó que los populares reconocían que el emplazamiento de Ence fue "un error histórico" que afectó "a los ecosistemas marinos y a la diversidad" además de a la "calidad de vida de los pontevedreses".

La diputada del PP María Teresa de Lara, por su parte, recordó que la última autorización ambiental a Ence la otorgó el bipartito de la Xunta (PSOE-BNG) en 2008 porque la fábrica "cumplía al 100% la legislación ambiental europea, estatal y autonómica".

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