Desde 2015, los ayuntamientos están obligados a echar mano de la calculadora para hallar cuánto les cuesta a las arcas municipales cada uno de los servicios que prestan. Para determinar el nivel de eficiencia de las administraciones locales, el Ministerio de Hacienda aprobó una orden con los criterios de cálculo del coste efectivo de las prestaciones públicas, diferenciando las directas e indirectas. Estos criterios son homogéneos para todos los ayuntamientos.
Para establecer el coste de los servicios de gestión directa que prestan los ayuntamientos, deben agregar los importes correspondientes a gastos de personal, gastos corrientes de bienes y servicios, amortización de inversiones, operación de arrendamiento financiero, transferencias corrientes y de capital, así como de cualquier otro gasto no financiero efectuado por la entidad local. En el caso de la gestión indirecta del servicio, se tienen en cuenta la totalidad de las contraprestaciones económicas que abone la administración local, incluido el precio del contrato, subvención de explotación o cobertura del precio del servicio.
Para hallar el coste de los servicios municipales, los ayuntamientos parten de las liquidaciones de presupuestos.
