La falta de capacidad de los ayuntamientos, sobre todo de los más pequeños, para encargarse de la recaudación y gestión tributaria obligó a ocho de cada diez municipios gallegos a delegar estas competencias en las diputaciones. Sin embargo, las corporaciones provinciales también tienen dificultades para cobrar las cantidades que adeudan los contribuyentes morosos.
Así lo denunció el Consello de Contas en sus últimos informes, en los que advertía que no se agotaban todos los mecanismos para lograr el cobro forzoso de estas deudas a través de embargos. Por esa razón, la Consellería de Facenda propondrá a las diputaciones hacerse cargo de la recaudación en periodo ejecutivo, que es el proceso por el cual se inicia la reclamación de las cantidades adeudadas y que deriva finalmente en embargos de bienes para cubrir el impago de impuestos.
La idea es que sea la Axencia Tributaria de Galicia la que se encargue del cobro forzoso de estos impuestos, pero lo hará solo con el beneplácito de las diputaciones y después de la firma de convenios de colaboración. Así lo recoge una de las propuestas de resolución que el PP presentará a la comisión del Consello de Contas en el Parlamento.
El organismo fiscalizador coincide en su diagnóstico sobre el escaso esfuerzo recaudador para reclamar impagos en las cuatro diputaciones. En Pontevedra, donde la corporación provincial asume la gestión tributaria, a través del ORAL, de 54 concellos y, en su último informe, del año 2012, constaba una cantidad pendiente de cobro de 29 millones de euros, compuesta sobre todo por cuantías muy pequeñas. "Y la práctica de embargos aparece limitada a las cuentas bancarias y a los derechos de devoluciones de la Agencia Tributaria, sin que se haga uso de otras posibilidades de ejecución forzosa o del boqueo de los bienes afectados", explica Contas.
En el caso de la Diputación de A Coruña, que sume la gestión tributaria de 84 municipios, ocurre lo mismo. "No consta el embargo de ningún vehículo, prácticamente no se embargan devoluciones de la Agencia Tributaria, ni sueldos, ni cuentas bancarias ni inmuebles", señalan. Y además señala que el retraso que acumulan los expedientes reduce las posibilidades de cobro.
"La tardanza excesiva" en reclamar las deudas es otra de las pegas que Contas pone a la Diputación de Ourense, que en el ejercicio fiscalizado tenía 9,5 millones de euros pendientes de cobro.
En Lugo se reconocen avances en la recaudación en periodo ejecutivo, pero el órgano fiscalizador alerta que, aún así, en 2012 dejó 17,6 millones sin recaudar.
