Más de tres meses después de la primera sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el impuesto de plusvalía municipal cuando la venta de un inmueble no genera ganancias, el Ministerio de Hacienda todavía no ha presentando a los ayuntamientos ni propuestas ni calendario para avanzar en la reforma. Cristóbal Montoro ya tiene sobre la mesa las dos opciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que además exige al Gobierno central que les compense "al cien por cien" por la anulación parcial del tributo, aplicado por las administraciones locales pero cuya regulación es competencia del Estado. En Galicia, los alcaldes han dado un paso más y se plantean paralizar el cobro del impuesto mientras Madrid no reforme la Ley de Haciendas Locales e incluso reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado ya que -advierten- es el Ejecutivo central el que hizo la norma y, por tanto, "no puede ignorar su responsabilidad".

Tras el último fallo del Constitucional, que abre la puerta a devoluciones millonarias a contribuyentes que vendieron a pérdidas desde el año 2013, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha empezado a elaborar un "informe guía" que definirá el plan de acción a seguir en los concellos, aunque cada municipio podrá decidir si aplica o no el tributo en base a su "autonomía municipal". Hace dos semanas, el presidente de la Fegamp, Alfredo García, avanzó a este periódico que cada concello podrá decidir "a título individual" cómo aplica la sentencia del Constitucional, aunque la intención es acordar entre los ayuntamientos "medidas similares". Ya entonces, el también alcalde de O Barco urgía a Hacienda "dirimir de quién es la responsabilidad y quién asume las devoluciones" de las operaciones a pérdidas desde 2013 (último ejercicio no prescrito).

Por ahora, Hacienda no ha presentado a las administraciones locales propuesta alguna de reforma. "La decisión se tomará de común acuerdo con la FEMP", explican desde el departamento que dirige Montoro un día después de que el presidente del órgano de poder local, Abel Caballero, anunciase las dos propuestas remitidas al Gobierno central. "Se estudiarán y se dará salida a la reforma de la mano de la FEMP", según apuntaron ayer a este periódico desde Hacienda. Entre las dos opciones planteadas por los alcaldes al Ejecutivo para salvar "el vacío legal" y la "inseguridad creada", están la reforma del impuesto, creando un índice anual de valores por zonas en España que refleje sus fluctuaciones de mercado, o fijar la base imponible en función de la diferencia entre la compra y la venta de un inmueble. El impuesto gravaría si el valor es mayor y no en caso de una minusvalía.

En Galicia, los dueños de 18.300 inmuebles podrán reclamar la devolución del impuesto de plusvalía, según estimaciones de la organización de Tasadores inmobiliarios Tinsa. En la comunidad gallega, la provincia más afectada por las ventas a pérdidas de inmuebles en suelo urbano es A Coruña, con unos 8.100 propietarios. Le sigue en el ranking autonómico Pontevedra, con 5.600 viviendas que fueron vendidas sin plusvalía alguna. Finalmente, en Lugo son unos 2.600 y en Ourense, 2.000.