La tensión territorial con Cataluña y las demandas de otras comunidades fueron alegadas esta mañana por el Gobierno central y también la Xunta para justificar el portazo del primero a la transferencia de la Autopista del Atlántico (AP-9) a Galicia. "Daría lugar a una batería de transferencias y a cierto desmantelamiento de las infraestructuras del Estado", expuso el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras reunirse con el presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo. Este mantuvo su demanda, pero esgrimió su "lealtad" en un momento como el actual para aparcarla.

De la Serna visitó esta mañana Galicia en cumplimiento de su promesa de realizar un balance de sus actuaciones cada tres meses tras certificar al poco de llegar al puesto que la entrada en funcionamiento de la alta velocidad entre la comunidad y Madrid se retrasaría de nuevo; en este caso, casi un año hasta finales de 2019, cuando iniciaría una circulación en pruebas.

El ministro certificó el desbloqueo de todos los tramos con problemas de la citada obra, algo que calificó de único en España, en una comparecencia donde la atención se centraba en el último veto del Gobierno central a debatir siquiera el traspaso de la AP-9, que el Parlamento gallego pidió por unanimidad en dos ocasiones.

De la Serna reconoció la "tensión política" que genera esa petición, pero le cerró la puerta por ser una vía de "interés general" y por el efecto contagio que generaría en un momento político marcado por la convocatoria del referéndum catalán el 1 de octubre. En julio, Fomento alegó un coste para sus arcas de al menos 554 millones.

A Barcala y Rande

Feijóo anunció que mantendrá su deseo de alcanzar la transferencia, pero defendió que, a cambio, Galicia logra que sea Fomento quien asuma los 7 millones de euros anuales que pagaba la Xunta desde la época del bipartito por los peajes en la sombra de A Barcala y Rande.

"Es una excepción", calificó la decisión que el Gobierno central certificó este fin de semana y que supondrá, dijo, un ahorro para Galicia de "400 millones" hasta 2048, fecha en que finaliza la concesión de la AP-9 tras la prórroga hasta el máximo legal aplicada por el Gobierno de José María Aznar (PP) a comienzos de la década pasada a cambio de obras.

De la Serna y Feijóo coincidieron en señalar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como responsable de ese acuerdo.

El ministro de Fomento también realizó un balance de las obras de su departamento en la comunidad y cifró en un 70% la ejecución de la ampliación de la AP-9 en el puente de Rande, una obra de gran complejidad aborada mediante un proyecto inédito, en su opinión.

La finalización de esa infraestructura estaba prevista para agosto en el contrato de adjudicación, aunque en marzo de 2018 en el convenio firmado por el ministerio. El primer plazo se incumplirá, dijo De la Serna, que anunció que presionará para lograr que esté completada este año. "Si es en septiembre, mejor que en octubre", indicó.

También destacó, igual que Feijóo, la necesidad de instalar medidas para mitigar el ruido en la AP-9 a su paso por Vigo, pero no concretó un plazo temporal.

Además, De la Serna se refirió a la variante de Cerdedo, que permitiría rebajar la conexión ferroviaria entre Vigo y Madrid a dos horas y media sin necesidad de utilizar Santiago como parada intermedia. "Corremos todo lo que podemos", aseguró sobre un proyecto en el que trabaja en sintonía con la Xunta para poder aprobar el estudio informativo y la declaración de impacto ambiental.