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La juez de la 'Patos' archiva la causa para todos los políticos excepto para Louzán

La instructora ratifica el informe del Ministerio Fiscal y decreta el sobreseimiento de 23 investigados, entre ellos el alcalde de Vigo y la exdelegada de la Xunta en la ciudad

15.09.2017 | 02:01
La juez de la 'Patos' archiva la causa para todos los políticos excepto para Louzán

La investigación judicial de la operación Patos ha llegado a su fin. Tras más de cinco años de intensas y complejas pesquisas, la titular del Juzgado de Instrucción 7 de Vigo emitió un auto en relación a esta causa -un caso sobre presunta corrupción en la administración de contratos públicos- en el que acuerda continuar el proceso contra 13 de los 36 investigados y decreta el sobreseimiento de las actuaciones frente a los 23 restantes. La magistrada refrenda los argumentos del fiscal de Delitos Económicos de la ciudad en su informe y mantiene la imputación del expresidente de la Diputación de Pontevedra Rafael Louzán y del dueño de la empresa Eiriña y presunto cerebro de la trama Enrique Alonso País. A ellos se suman empresarios, y técnicos de la Diputación, del Puerto y del Ayuntamiento de Vigo.

El actual mandatario de la Federación Gallega de Fútbol es el único político para quien ha ordenado continuar el procedimiento de cara a juicio, cerrando las actuaciones respecto a todos los demás: el alcalde de Vigo, Abel Caballero; los concejales Ángel Rivas, David Regades e Isaura Abelairas; el exvicepresidente de la Diputación y concejal del PP José Manuel Figueroa y la expresidenta de la Delegación de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch.

Por su parte, la juez también procede a la apertura de cinco piezas separadas que den lugar cada una a un juicio diferente a tenor de la variedad de los delitos y obras investigadas: posible prevaricación, falsedad documental y alteración de precios en las reformas del campo de fútbol de Moraña, del centro social de la Asociación Pedra Moura en Coruxo y de otras tres obras, además de presuntas irregularidades en un contrato contraído con la Autoridad Portuaria de Vigo. No obstante, la magistrada expone que para la tramitación de cada pieza se podrá solicitar "la práctica de otras diligencias de instrucción".

En su resolución, la titular constata que tras una "instrucción amplia", hubo "numerosos casos investigados en los que no se han podido corroborar los indicios de delito " debido a que los testigos afirmaron en sus declaraciones no tener "constancia" de los hechos por los que fueron preguntados, por declaraciones "aceptables o convincentes" de otros testigos, documentos que "desvirtuaron" las sospechas o la falta de otras pruebas.

Estos mismos razonamientos fueron concretados por el fiscal de Delitos Económicos de la urbe en su informe remitido al juzgado el pasado 10 de julio. En él señala, que a raíz de las diligencias que se practicaron en la causa, sobre todo, las declaraciones de investigados y testigos, así como la presentación de pruebas documentales, se arrojó luz al caso, lo que se traduce en el archivo de las actuaciones contra 23 investigados. El fiscal explicaba que la entrega "con posterioridad" de documentación diferente otorgó una explicación a lo que se crecía delictivo. Otro aspecto fue los errores de transcripción e interpretación de los pinchazos telefónicos.

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