Más de 40 policías locales harán informes criminológicos a conductores reincidentes

Agentes de 13 jefaturas de la comunidad gallega, entre ellas las grandes ciudades, empezarán a evaluar a estos automovilistas, que son unos 4.000, para que el juez pueda ajustar la condena a cada perfil

16.09.2017 | 18:03
Agentes de la Policía Local durante un operativo de control de alcoholemia.

Galicia cuenta con más de 5.000 conductores considerados "de riesgo". De ellos, casi 4.000 -el 80%- son reincidentes por ir al volante bajo el efecto del alcohol o las drogas, mientras que en el millar restante se engloban los infractores sin carné de conducir, por orden judicial o porque han agotado sus puntos, condenados por conducción temeraria, utilización de inhibidores de radar o por ser propietarios de un vehículo en mal estado. Desde 2008 y en el marco de un plan de seguimiento especial a esos automovilistas, la Agrupación de la Guardia Civil de Tráfico vigila en coches camuflados los desplazamientos diarios de estos automovilistas para constatar que cumplen la pena y evitar que vuelvan a delinquir.

Con la finalidad también de reducir estos delitos, la Fiscalía Superior de Galicia, en colaboración con la Fiscalía de Seguridad Vial, ha iniciado el plan con el que pretende que los policías locales con formación en criminología evalúen a los automovilistas reincidentes para ajustar la condena a cada perfil y que, siempre que sea posible, se apueste por medidas educativas y rehabilitadoras en lugar de la prisión. Se trata de un proyecto pionero a nivel autonómico, aunque en la ciudad de Murcia ya lleva diez años funcionando y allí los magistrados han tenido en cuenta estos informes en ocho de cada diez sentencias que dictaron. De esta forma, se busca fijar un pronóstico de reincidencia en los delincuentes viarios que permita acordar las penas o medidas que mejor se adapten a las circunstancias personales de cada infractor buscando evitar que repitan esa conducta delictiva.

La Fiscalía de Seguridad Vial propuso esta iniciativa a la Policía Local de todas las Jefaturas de Galicia pero por ahora participan 13, las siete de las grandes ciudades -con una media de cinco efectivos en cada una salvo Santiago con siete y Lugo con dos- y otras zonas como Carballo, Ponteareas, Cuntis o Barbadás. En total, son 42 agentes de la policía judicial de Tráfico titulados en Criminología los que hicieron el pasado abril el curso de habilitación en la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). El siguiente paso para empezar a operar es informar al fiscal delegado de Seguridad Vial de Galicia el nombre de los miembros de las plantillas que formarán parte del Equipo e Investigación en Delincuencia Vial (Eidev) y del coordinador de grupo designado por cada jefatura participante. Las de Santiago y Ferrol ya han realizado esta comunicación y por tanto, sus agentes especializados ya pueden empezar a elaborar estudios de este tipo cuando el investigado haya sido condenado más de tres veces por un delito de seguridad vial o en supuestos graves.

Según la instrucción enviada por la Fiscalía Superior de Galicia sobre el protocolo a seguir, se aplicará el modelo denominado "triple riesgo delictivo" que agrupa las fuentes de riesgo en tres categorías: personales (antecedentes penales y administrativos, edad, grado de formación intelectual y cultural, madurez psicológica, historial de consumo de alcohol o drogas, posibles trastorno de la personalidad u otras patologías que influyan en el delito?); relativas al apoyo prosocial recibido (entorno social y familiar, actividades laborales, posibilidad de integración en la sociedad); y otras circunstancias relacionadas con las oportunidades delictivas como la posibilidad de disponer del vehículo, la frecuencia de su uso y la necesidad del investigado para desplazarse desde su lugar de residencia a su puesto de trabajo o a las zonas de ocio que frecuenta. En base a esos datos, tal y como explica el fiscal de seguridad vial de Galicia, Carlos Gil, se analiza el grado de reincidencia en un futuro y se diseñan las medidas más adecuadas para evitar que el investigado vuelva a delinquir y que el juez puede tener en cuenta a la hora de imponer la condena. "Dentro de prisión los detenidos suelen acudir a cursos y terapias a cambio de una rebaja de la pena pero el objetivo es que de forma voluntaria también lo hagan aunque no vayan a la cárcel porque falta educación tanto en seguridad vial como en otros ámbitos, que es la clave para evitar muchos problemas, porque la represión aunque en algunos casos es necesaria en muchos nos es efectiva", reflexiona Gil.

La pena más impuesta es la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por delitos viarios y que en supuestos extremos puede llegar a los 10 años. Las sanciones económicas pueden alcanzar máximos de 280.000 euros y los trabajos en beneficio de la comunidad los 90 días. La condena de prisión puede llegar a los cinco años en el caso de los reincidentes. Pero como alternativa a la cárcel se pueden imponer analizando estos informes criminológicos otras medidas educativas o tratamientos médicos rehabilitadores cuando el hecho esté ligado a alguna patología como la alcoholemia o la drogadicción. En este sentido, el Ministerio de Interior ha decidido impulsar la retirada de permisos a los conductores que en dos años hayan cometido dos o más infracciones por circular en estado ebrio o bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Pero además, no podrán recuperarlo hasta que consigan rehabilitarse y las autoridades sanitarias no confirmen que han superado su problema de dependencia. Desde la Dirección General de Tráfico incluso se planteó la opción de obligar a estos infractores a someterse a tratamiento.

Otra de las alternativas a la prisión que más aplican en los últimos años jueces y fiscales a los automovilistas que hayan cometido al menos tres delitos graves o se hayan visto implicados en un accidente de tráfico es el decomiso del vehículo, una medida que se ha cuadriplicado en el último lustro.

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